La Oficina de Logística de la Municipalidad de Lima derivó esta fuerte suma de dinero para contratar los servicios del abogado de RLA, actual alcalde
Parece ser que los fondos de la Municipalidad Metropolitana de Lima no se emplean únicamente en la financiación de libros de periodistas; además, se ha descubierto en una investigación reciente que una porción de los recursos municipales podría estar siendo desviada para respaldar los gastos legales del alcalde Rafael López Aliaga en respuesta a las investigaciones que el Ministerio Público ha iniciado en su contra.
El 15 de septiembre pasado, el medio Infobae Perú descubrió que la Oficina de Logística de la municipalidad, bajo la dirección de María Salas Bermejo, autorizó un desembolso de S/ 48 mil con el propósito de contratar los servicios legales del abogado Nazim Javier Alarcón Prieto.
Alarcón, quien además es el gerente general de su propio bufete de abogados, asumirá la representación legal de López Aliaga en una investigación preliminar que se ha iniciado en el Primer Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima.
Según el documento, el alcalde presentó su solicitud ante la Gerencia Municipal el 4 de septiembre pasado y la aprobaron, permitiéndole acceder a este beneficio de contar con un defensor legal que lo asista en el caso registrado bajo la carpeta fiscal N°506014501-2023-1890-0, cuya información se mantiene como ‘reservada’.
El abogado Nazim Alarcón fue contratado directamente para prestar sus servicios legales. No se llevó a cabo ningún concurso público en el proceso de selección. Sus responsabilidades incluyen la presentación de tres informes que describan su papel como defensor de López Aliaga, la situación de la investigación preliminar en la que está involucrado su cliente y las acciones legales que se llevarán a cabo hasta la finalización de la investigación preparatoria.
Hasta febrero de 2021, el abogado no tenía ningún registro de órdenes de servicio con el Estado. Sin embargo, en ese momento, estaba representando a los funcionarios de la empresa Machu Picchu en la investigación preliminar relacionada con el presunto delito de homicidio en contra de Adrián Montesinos, quien perdió la vida en un accidente en la central hidroeléctrica de dicha compañía.
Contrato previo
No es la primera ocasión en la que López Aliaga recurre a la Municipalidad de Lima para costear los honorarios de su abogado.
El 13 de julio del año pasado, también se concedió el contrato al Estudio Fernández, Heraud & Sánchez Abogados por un monto de 130 mil soles. Esto fue para representar tanto al alcalde López Aliaga como a los 35 regidores del Concejo Metropolitano en un proceso de amparo, el economista Ciro Luis Silva Paredes lo presentó en el Poder Judicial. El proceso se originó debido a la declaración de la zona intangible del Centro Histórico de Lima.
Silva Paredes, quien lidera el Partido Político Nueva Ideas, está buscando la anulación de una ordenanza aprobada durante la administración de López Aliaga. Esta ordenanza prohíbe la realización de cualquier tipo de manifestación o protesta en el centro de la ciudad.
Por esta razón, la Municipalidad de Lima contrató los servicios del Estudio Fernández, Heraud & Sánchez, el cual comenzó a trabajar el 18 de julio del año pasado y su contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. El objetivo de esta contratación es para representar a la comuna en este caso.
Es importante señalar que tanto los servidores actuales como los exservidores públicos solicitan a la entidad a la que pertenecen o pertenecieron que financie su defensa legal cuando se ven involucrados en investigaciones fiscales.
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