La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se le pueda imponer al expresidente Alejandro Toledo y otros si se les halla responsables de los cargos que se les imputa a raíz de los supuestos aportes ilegales por parte de Odebrecht y otras empresas para la campaña presidencial de 2011.
El juez Jorge Chávez Tamariz aprobó la solicitud de la defensa legal del Estado para constituirse como actor civil en la investigación preparatoria contra Toledo, los exministros Javier Reátegui y Carlos Bruce, el exjefe de seguridad Avraham Dan On y otros vinculados al partido político Perú posible por estos hechos. El magistrado desestimó las objeciones de las defensas de Reátegui y Pedro Rodríguez Aliaga.
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La defensa del Estado propuso que los investigados paguen en forma solidaria 15,744,089.16 dólares por lavado de activos, y 7,889,313.84 dólares por asociación ilícita para delinquir, alegando que los hechos dañaron la imagen institucional del Estado peruano. La Procuraduría reserva el derecho de solicitar ajustes al monto en función de más pruebas.