Las organizaciones en defensa de los derechos humanos vienen denunciando hace años que China se ha convertido en un “Estado vigilante” que utiliza tecnología de vanguardia para mantener el control social dentro del país.
La verdadera función de estas estaciones sería poner en práctica un sistema ilegal de extradiciones
Pero un grupo de activistas especializado en China ha advertido ahora que esta red de vigilancia no solo funciona dentro de sus fronteras.
La ONG Safeguard Defenders, con sede en Madrid, publicó una serie de informes que denuncian la presunta existencia de al menos 102 “centros de servicio policiales chinos” en 53 países, incluidos siete de América Latina. Estas oficinas fueron creadas oficialmente para ayudar con trámites administrativos a chinos que viven en el exterior.
Pero, según dijo Laura Harth, directora de campaña de Safeguard Defenders, su objetivo en realidad es “persuadir y coaccionar [a ciudadanos chinos] a que regresen a China” para ser procesados por diferentes delitos, principalmente por fraude.
En algunos casos, también se han usado para silenciar a los críticos con el gobierno chino, advierten. La investigación ha generado una multitud de investigaciones de gobiernos de diferentes partes del mundo y de medios de comunicación, así como órdenes de cierre de algunas de estas instalaciones en Europa.
Incluso llevó a que el FBI manifestara su “preocupación” y que su director, Christopher Wray, precisara que están revisando los “parámetros legales” de estos centros. El gobierno chino niega que esté detrás de su gestión y asegura que son voluntarios chinos en el exterior los encargados de promover servicios de ayudas con trámites como licencias de manejar.
“Ninguno forma parte de la policía”, manifestó Zhao Lijian, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
QUÉ DICE EL INFORME
El investigador de Safeguard Defenders Jing-Jie Chen dijo que la lista de estaciones se compiló sobre la base de información publicada en medios oficiales chinos.La mayoría de estos centros está en Europa, pero aparecen bases en cinco continentes.
En las Américas se señalan varios, incluyendo cuatro en Estados Unidos, cinco en Canadá y 12 en América Latina: tres en Brasil y Ecuador, dos en Argentina y uno en Chile, Colombia, Cuba y Perú.
Para la ONG, la verdadera función de estas estaciones es poner en práctica un sistema ilegal de extradiciones que forma parte de la operación Sky Net: los llamados “regresos voluntarios”.
Consiste en dar con fugitivos chinos en el exterior y “persuadirlos” -según la ONG, por vía de la extorsión- a que regresen voluntariamente a China para enfrentar cargos.
Originalmente, Sky Net tenía como blanco a altos funcionarios chinos acusados de delitos como malversación de fondos -como parte de la vasta campaña anticorrupción lanzada por el presidente Xi Jinping-, pero el operativo se habría ampliado para incluir a decenas de miles de chinos acusados de cometer fraude online, “un problema endémico en China”, según apunta la ONG.
Safeguard Defenders basa su acusación en un anuncio que realizó el propio gobierno chino en agosto pasado, en el que aseguró haber convencido a casi un cuarto de millón de fugitivos en el exterior a entregarse.
“El número de casos de fraude de telecomunicaciones transfronterizo dirigido a residentes chinos se ha reducido significativamente en China, con 230.000 sospechosos de fraude de telecomunicaciones que han sido educados y persuadidos para regresar a China desde el extranjero para confesar delitos desde abril de 2021 hasta julio 2022“, informó el Ministerio de Seguridad Pública.
Según la ONG, para “persuadir” a los fugitivos, las autoridades chinas los rastrean, se ponen en contacto con ellos y los amenazan con acciones contra su familia en China si no regresan, algo que “viola el Estado de derecho internacional y los mecanismos de cooperación entre países”, denuncian.
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El organismo recogió el testimonio de al menos dos personas buscadas por China que recibieron llamadas amenazantes desde números locales, algo que ellos conectan con las bases policiales en el extranjero.
“En lugar de cooperar con las autoridades locales [para extraditar a sospechosos] en el pleno respeto de la soberanía territorial, [China] prefiere cooperar con ‘ONGs’ o “asociaciones de la sociedad civil’ en el extranjero, estableciendo un sistema policial y judicial alternativo en terceros países, e implicando directamente a esas organizaciones en los métodos ilegales empleados para perseguir a los ‘fugitivos'”, denunciaron en su reporte.
El investigador de Safeguard Defenders Jing-Jie Chen aseguró que el primer medio centenar de bases halladas fueron instaladas por las fuerzas policiales de dos ciudades: Fuzhou y Qingtian, en las provincias costeras de Fujian y Zhejiang, respectivamente, que tienen grandes diásporas en el extranjero.
En el segundo informe de la ONG, publicado el 5 de diciembre, se afirma que los departamentos de Seguridad de otras dos ciudades chinas habían instalado cerca de 50 estaciones más fuera del país: Wenzhou, también en la provincia de Zhejiang, y Nantong, en otra provincia costera: Jiangsu.
