La guerra del Pacifico
El impuesto de los 10 centavos fue un arancel aprobado por la Asamblea Nacional de Bolivia el 14 de febrero de 1878 que se pretendió imponer a la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta (CSFA) por un monto de 10 centavos por cada 100 kg de salitre exportado. La CSFA rehusó el pago porque tanto el Tratado de límites entre Bolivia y Chile de 1874 como la licencia de explotación otorgada por el gobierno boliviano el 27 de noviembre de 1873 le aseguraban la excepción de impuestos de exportación para la explotación del mineral. La compañía solicitó la representación del gobierno de Chile y a pedido de este, el gobierno boliviano suspendió el cobro del impuesto mientras ambos gobiernos buscaron, infructuosamente, una solución al problema. En diciembre de 1878 el gobierno de Bolivia decidió cobrar el impuesto.
En febrero de 1879, el gobierno de Hilarión Daza rescindió las licencias otorgadas a la CSFA, embargó sus bienes y ordenó su remate público para el 14 de febrero de 1879. En la mañana de ese día fuerzas chilenas impidieron el remate con la ocupación chilena de Antofagasta.
El impuesto es considerado casi unánimemente como una flagrante violación al tratado de 1874.
Si bien el impuesto desencadenó los acontecimientos que llevaron a la Guerra del Pacífico, no fue su causa principal ni menos única.
Salitre en el comercio internacional
A mediados del siglo XIX, la región de Antofagasta, del Litoral o el desierto de Atacama, lejos de los centros poblados de Bolivia, se encontraba casi inhabitada y no existían más que huellas y senderos hacia el altiplano boliviano. El viaje a pie o en cabalgadura desde la costa por el desierto, la cordillera y el altiplano hasta La Paz necesitaba 15 o 16 días. Los mayores centros poblados de Antofagasta eran los puertos de Cobija, Mejillones y el poblado San Pedro de Atacama. El gobierno boliviano tenía interés en desarrollar la región para no depender del puerto peruano de Arica en su comercio exterior, para obtener entradas a las arcas fiscales y también para asegurar la soberanía boliviana sobre esa región. Sin embargo, hasta entonces, sus esfuerzos no habían rendido frutos, pues la población y los empresarios bolivianos no se interesaban por ella. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, ni Mejillones ni Cobija prosperaban.
A partir de mediados del siglo XIX, el salitre comenzó a reemplazar en el mercado internacional al guano, cuyos ingresos decaían a causa del agotamiento de los depósitos y de la menor cantidad de nitrógeno que contenían los embarques.
Bolivia entró en un gravísimo conflicto por una riqueza de la que, según palabras del historiador diplomático chileno Ramón Sotomayor Valdés, escritas pocos años antes, casi ningún boliviano se ocupaba: “Se habla del mineral de Caracoles como de un venero descubierto en la Siberia”.
Las licencias de explotación
La mayor parte del salitre transado en el comercio internacional se extraía de la región peruana de Tarapacá, pero el explorador chileno José Santos Ossa obtuvo en 1866 del gobierno boliviano una licencia que daba “la posesión y goce de los terrenos en que se descubriesen depósitos de salitre y boráx … con la precisa condición de habilitar la caleta de la Chimba”. Chimba era el nombre que se le daba al sector donde hoy se ubica el puerto de Antofagasta. Posteriormente descubrió salitre y fundó la “Sociedad exploradora del Desierto”.
La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta

La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta era una sociedad anónima, con domicilio societario en el puerto de Valparaíso. Sus accionistas fundadores eran la británica Gibbs & Cia y los chilenos Agustín Edwards Ossandón y Francisco Puelma. José Santos Ossa no participó en ella pues tenía otros planes de negocios mineros. Hacia 1878 su gerente era el británico George Hicks.
Tenía un capital nominal de $ 2 500 000, dividido en 2500 acciones de $ 1000 pesos. Su principal accionista era el chileno Agustín Edwards con el 42,16% del capital accionario (1054 acciones), mientras que la Casa Gibbs solo poseía el 29% de las acciones.
El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta firmó un contrato con el gobierno de Bolivia, que le autorizaba la explotación del mineral libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Este contrato no fue ratificado por el Congreso de Bolivia, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile1—que darían por resultado el tratado de límites de 1874—.
En 1874 Chile y Bolivia suscribieron un tratado de límites, en reemplazo de uno anterior, de 1866. Dentro de sus puntos estaba la obligación de no imponer nuevos tributos a las personas, industrias y capitales chilenos durante 25 años. El artículo IV de ese tratado de límites explicitaba la siguiente condición: “Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales exportados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años”.
Este tratado y todas sus partes y artículos fueron ratificados por la asamblea boliviana el primero de noviembre de 1874. Para el Gobierno de Hilarión Daza el contrato con la compañía, de 1873 aún no se encontraba vigente, porque de acuerdo a la constitución boliviana, los contratos debían aprobarse por el congreso.