Tras una nueva sesión del llamado “cuarto de guerra”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó que su sector viene “impulsado acciones concretas” para “redistribuir” a la población penitenciaria en el país.
Esto a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en mayo de 2020, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
El fallo del TC- según informó la Unidad de Investigación de El Comercio- estableció que “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.
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Además, ordenó que, si en cinco años no se adoptaban las medidas para superar ese estado, las prisiones debían cerrarse empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera. Es decir, no podrán recibir a nuevos reos.
Al respecto, Arana dijo que durante más de 10 años “se dejó de lado la necesidad de una política penitenciaria efectiva” y que es el gobierno de Dina Boluarte el que “rompió esa inercia”.
