Según Alex Contreras, ministro de Economía, la ley de devolución de aportes es, en la práctica, «difícil de implementar» debido a que los fonavistas enfrentan problemas al demostrar cada uno de sus aportes.
El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, dejó en claro que la posición de su cartera es a favor de la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) tal como lo ordenó el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, existen obstáculos legales que hacen que este proceso no pueda llevarse a cabo, normativa hace inviable la devolución.
«La posición es clara: se tiene que devolver lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se ha pagado a los fonavistas? ¿Es por un tema del MEF? No. Es simplemente porque el marco regulatorio no es el correcto. ¿Cuál es el problema central? Que cada fonavista tiene que demostrar sus aportes y muchos de ellos trabajaron hace 30 años y probablemente no tienen registro; entonces, esa ley es inaplicable en la práctica, pero es lo que ha dicho el TC, por lo que se tiene que llegar a un consenso», precisó el ministro.
Según Rodolfo Baca, director general del Tesoro Público del MEF, es importante recordar que la Comisión Ad Hoc tiene S/2.000 millones disponibles en sus cuentas para ser destinados de manera inmediata a la devolución. Sin embargo, debido a los obstáculos normativos, este proceso se ha vuelto complicado.
«La norma en su marco actual requiere que se reconstruya la cuenta individual por cada uno de los aportantes y operativamente es muy complicado, justamente, por el problema que comentaba el ministro. Se necesita un cambio a la ley de devolución al Fonavi básicamente», señaló Baca, quien también fue miembro de la Comisión Ad Hoc en representación del MEF.
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Además, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), a la que hace referencia el MEF, resulta desfavorable para los intereses de los fonavistas. Esto se debe a que la deuda del Estado, que inicialmente ascendía a S/42.000 millones, se ha reducido drásticamente a S/6.000 millones. Esto significa que solo se ordena la devolución de los aportes realizados por los trabajadores y no se incluyen los aportes hechos por los empleadores. Por otro lado, hay un proyecto de ley aprobado por el Congreso que permitiría realizar pagos parciales; sin embargo, se espera que el Ejecutivo la observe y no la apruebe, según fuentes de La República.
