La mandataria y el líder principal están siendo objeto de investigaciones debido a supuestas acusaciones de genocidio, homicidio agravado y mal uso de su autoridad en relación a las vidas perdidas durante las manifestaciones
La Fiscalía de la Nación ha programado una cita para el 27 de septiembre en la que se ha convocado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, para que emitan una nueva declaración como parte de la investigación preliminar en curso sobre las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de este año.
Boluarte está programada para declarar a partir de las 9 de la mañana, mientras que Otárola lo hará a las 2:30 de la tarde. Ambos enfrentan acusaciones de presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y abuso de autoridad.
Además de ellos, otras autoridades del Ejecutivo también están programadas para presentarse en la sede del Ministerio Público en las próximas semanas. El ministro del Interior, Vicente Romero, comparecerá un día antes, y el titular de la cartera de Defensa, Jorge Chávez Cresta, está programado para asistir el 21 de septiembre. También se ha solicitado el testimonio de exministros como Pedro Angulo, César Cervantes y Víctor Eduardo Herrera. Todos los mencionados están siendo investigados de manera similar a Boluarte y Otárola.
Este llamado a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno para brindar nuevas declaraciones ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se produce como resultado de la aceptación de una solicitud de la Procuraduría General del Estado para incluir a 40 personas adicionales como testigos en el caso que involucra a la presidenta.
Sin embargo, hubo obstáculos en el proceso para lograr esta decisión. El 22 de agosto, la Fiscalía notificó a la Procuraduría que solo tomarían testimonio de 16 personas, argumentando que los 24 restantes no eran necesarios ya que “carecían de utilidad y pertinencia”. Resulta llamativo que en este último grupo se encuentren ex y actuales miembros del gabinete del primer ministro Otárola.
Entre los nombres de este grupo destacan los exministros Luis Adrianzén (Trabajo), Óscar Becerra (Educación), Nelly Paredes del Castillo (Desarrollo Agrario y Riego), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones) y Rosa Gutiérrez (Salud). Además, también estaban incluidos la canciller Ana Cecilia Gervasi, Alex Contreras, el titular de Economía y Finanzas, y Julio Dermatini, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Ante esta negativa, la Procuraduría presentó una nueva solicitud al Ministerio Público, argumentando que era fundamental incluir los testimonios de las 24 personas en la investigación contra la presidenta Boluarte, ya que habían mantenido reuniones con ella en el Palacio de Gobierno durante las protestas antigubernamentales que resultaron en más de 60 muertes. Finalmente, el 5 de septiembre, después de más de un mes, se aceptó esta petición.
“Lo que se busca es que respondan si tocaron las políticas de Estado o le informaron a la mandataria de las acciones que se estaban coordinando”, nos señaló la fuente de Infobae Perú respecto a la insistencia por tener las declaraciones de los exministros de Boluarte Zegarra.
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Además, se han citado a otras personas para comparecer ante la Fiscalía. Uno de ellos es Raúl Molina, quien ocupaba el cargo de jefe del gabinete técnico de la Presidencia. En febrero pasado, renunció a su puesto en desacuerdo con la estrategia agresiva adoptada por el Gobierno para reprimir a los manifestantes que protestaban contra la presidenta.
Adicionalmente, figuran en la lista Jorge Angulo Tejada, comandante general de la PNP; Víctor Zanabria Angulo, quien anteriormente fue jefe de la región policial de Lima y ahora lidera la Dirección de Orden y Seguridad; Juan Maco Castro, jefe de ayudantía de la PNP; Johana Ibarra Silvestre, capitán de la PNP; Vicente Álvarez, jefe de Estado Mayor de la PNP; Antonio Cosco, asesor de Inspectoría de la PNP.
En cuanto a las fuerzas militares, se ha citado a David Ojeda Parra, excomandante general del Ejército del Perú (EP); Víctor Huertas, general de brigada del EP; Alfonso Artadi, comandante general de la Fuerza Aérea; y Rubén Layseca, jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas.