Denuncia cuestiona posible beneficio personal de legisladores con nueva norma.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció a 11 congresistas por negociación incompatible tras aprobar la Ley 31473. Esta norma permite a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional percibir pensión y remuneración simultáneamente sin límite en el monto total.
La denuncia incluye a los legisladores José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez. Según el Ministerio Público, la ley favorece directamente a cinco de ellos, quienes son pensionistas de los institutos armados.
Previo a esta norma, la Ley 30026 establecía un tope combinado de seis Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP), equivalente a S/15,600. Sin embargo, la Ley 31473 eliminó dicho límite y exoneró a los congresistas de cualquier restricción. Esto permitió que algunos perciban ingresos superiores a S/23,600 mensuales, según el abogado laboralista Ricardo Herrera, quien considera que la norma vulnera principios constitucionales al crear un evidente conflicto de interés y quebrar el principio de igualdad de trato en materia salarial y pensionaria.
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Por otro lado, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, calificó la denuncia como infundada. Urviola sostuvo que, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, los congresistas no son responsables por sus votos. Además, recordó que el TC ya estableció que la pensión es un derecho adquirido y que la norma ratifica lo decidido previamente. Urviola afirmó que, si la fiscal considera la norma inconstitucional, debería presentar una acción de inconstitucionalidad dentro del plazo de seis años desde su promulgación.
El caso será evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que determinará si la denuncia es procedente. Mientras tanto, el debate continúa con posiciones enfrentadas entre expertos, reflejando la controversia sobre los límites éticos y legales de las decisiones legislativas.