Sandra pudo ver a su hermano después de varias semanas sin saber de él. La segunda semana de marzo, la mujer logró entrar al Centro Penal La Esperanza, una de las cárceles más grandes de El Salvador, para llevar comida, medicinas y un poco de conversación a su familiar, un joven detenido por la policía salvadoreña bajo acusaciones de asociaciones ilícitas y de pertenecer a la pandilla MS13.
Se trata de una red de custodios y empleados de la dirección de penales de El Salvador
No fueron un juez bondadoso o un custodio descuidado los que permitieron la visita de Sandra: la mujer pagó 1,500 dólares a una red de corrupción que se ha formado en la cárcel salvadoreña desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, según ella denunció.
“Le hizo bien la visita que le hice, su rostro era completamente diferente, era otra persona, literalmente”, comentó Sandra (todos los nombres de reos y sus familiares entrevistados para esta historia se han cambiado por petición de ellos para evitar represalias) en una conversación.
Sandra entró a la cárcel luego de pagar los USD 1,500 a un empleado de la Dirección General de Centros Penales. El trato era que, a cambio del dinero, le permitirían una visita de dos horas. “Hasta me pude quedar más tiempo porque se olvidaron un rato de mí y no me cobraron más”, contó Sandra.
EXPEDIENTES JUDICIALES
Las familias de otros tres jóvenes presos en Mariona, con tres abogados defensores dijeron que conocen casos similares, y tuvieron a la vista expedientes judiciales que confirman los testimonios de los presos. Además, se confirmó la información con un alto oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) quien está al tanto de la existencia de la red y habló desde el anonimato para poder revelar información que de otra forma no vería la luz.
“No son custodios los que andan en eso, es una red más grande que incluye a administrativos de la Dirección General de Centros Penales y hasta fiscales”, aseguró el jefe policial.
En algún momento a finales del año pasado, Sandra y otros familiares de presos se reunieron frente a la cárcel de Mariona para intentar averiguar el paradero de sus parientes. Como ha ocurrido desde que Bukele decretó régimen de excepción en marzo de 2022, los familiares se quedaron esperando en las puertas de la cárcel sin que nadie les diera información.
Pasado un tiempo, y tras volver una y otra vez a Mariona, los familiares de los reos empezaron a formar grupos de mensajería por la plataforma WhatsApp. Fue en uno de esos grupos que Sandra leyó por primera vez el nombre de un contacto que, según decían otros parientes de presos, podía arreglar visitas de dos horas.
Sandra consiguió un número de teléfono al que hablar y arregló una cita en Metrocentro, el centro comercial más grande y antiguo de San Salvador. Ahí, en un restaurante de comida rápida, entregó USD 1,500; quien recibió el dinero le dio una fecha para volver al penal y le dio las señas de cómo entrar a ver a su hermano. Antes de irse, el hombre hizo otra oferta.
El contacto de Sandra ofreció, por otros USD 2,000, modificar las actas policiales y los informes ingresados al sistema informático de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para retirar referencias a cualquier vinculación entre su hermano y las pandillas. Por los dos mil dólares, dijo el contacto, se podía “desvincular” al hermano de Sandra.
En muchas ocasiones, como denunciaron en su momento las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal, las únicas pruebas presentadas en los tribunales por los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) para mantener en la cárcel a los detenidos son actas policiales en las que, de forma usualmente vaga, los policías vinculan a los detenidos con las pandillas. Por eso, hacer desaparecer ese vínculo puede significar un mejor trato en prisión e, incluso, el primer paso hacia la libertad.
Sandra consiguió el dinero y, después de pagar los USD 1,500, pagó los otros USD2,000. Cuando fue a ver a su hermano a Mariona recibió buenas noticias.
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OTRO CASO
Teresa, otra de las mujeres entrevistadas para esta nota, aseguró que ella también pagó USD 1500 para poder visitar a su hijo.
“Lo que está ocurriendo es una especie de publicidad de boca en boca y los familiares se van enterando de esta posibilidad. Ellos lo que quieren es ver a su gente, por eso, si tienen el dinero o lo pueden conseguir, lo hacen”, dijo una de las abogadas consultadas, quien asegura que al menos ocho de sus clientes le han contado sobre los pagos.
El día que Mónica entró a ver a su familiar, previo pago de los USD 1,500, junto a ella había, según recuerda, unas 10 personas que también habían pagado.
A Mónica, su pariente le confirmó que habían estado ocurriendo traslados constantes en los últimos días. “Me dijo que habían estado trasladando a algunos reos y yo le comenté que era posible que a él lo fueran a mover”, aseguró la mujer sin detallar si había pagado más dinero para asegurar el movimiento de su familiar.
Una de las abogadas contó que, según varios de sus clientes, en Mariona se ha perfeccionado un sistema de clasificación de reos basado en el tipo de defensor que les asiste. Si son defensores públicos, los presos son relegados a las peores celdas y, si los abogados son privados, se les ordena de tal manera que puedan acceder, si pagan, a mejores condiciones.
