La Comisión de Justicia del Congreso de la República ha emitido una invitación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que comparezca el viernes 22 de septiembre como parte de una “investigación sumaria” en curso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Esta investigación se centra en supuestas faltas graves cometidas por la JNJ, un órgano autónomo encargado de seleccionar y nombrar a jueces y fiscales en Perú.
El nuevo plan de trabajo, un documento de seis páginas, establece los objetivos, la metodología y el cronograma de esta investigación. Además de la fiscal de la Nación, se ha convocado a otros actores relevantes, como la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, el director de IDL-Reporteros Gustavo Gorriti y la periodista María García. También se espera la participación de destacados jueces supremos, incluyendo al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y varios expertos en derecho constitucional.
El plan de trabajo sugiere la necesidad de solicitar al Pleno del Congreso una extensión de 14 días hábiles para la investigación, argumentando que la complejidad del caso requiere tiempo adicional. Además, se propone liberar a los miembros de la comisión de la semana de representación para centrarse en esta tarea.
La investigación se basa en la presunta comisión de faltas graves por parte de los miembros de la JNJ. Para asegurar un debido proceso, se pretende individualizar las imputaciones a cada uno de los miembros y analizar si se configuran estas faltas graves. Se espera que esta investigación esclarezca las instituciones jurídicas relevantes y determine si es necesario tomar medidas, como la remoción de los miembros de la JNJ.
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Este proceso se ha vuelto relevante en el contexto político peruano, ya que se ha desatado una controversia en torno a la independencia de la JNJ y su rol en la selección y nombramiento de jueces y fiscales. La investigación busca abordar estas preocupaciones y determinar si se han cometido irregularidades.
El informe final resultante de la investigación se espera que sea debatido y aprobado por el Pleno del Congreso el viernes 6 de octubre. Esto podría tener un impacto significativo en el funcionamiento y la integridad del sistema de justicia en Perú, así como en la percepción de la independencia y la transparencia de las instituciones gubernamentales en el país.
