Cuatro trabajadores del INPE en Trujillo asesinados por mantener el orden

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Cuatro trabajadores del INPE en Trujillo asesinados por mantener el orden El club trujillano evalúa demandar por daños y perjuicios tras la salida del delantero, mientras que expertos legales opinan sobre la viabilidad de una posible demanda contra Alianza Lima. La reciente resolución emitida por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha generado un fuerte revuelo en el fútbol nacional. El 22 de agosto se confirmó que Paolo Guerrero, ícono del fútbol peruano, quedó en libertad de su contrato con el club César Vallejo, lo que abrió la posibilidad de su fichaje por Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este desenlace, sin embargo, no ha sido bien recibido por el club César Vallejo, que se ha visto afectado por la salida abrupta del delantero. En respuesta, el club trujillano estaría preparando una demanda por daños y perjuicios, no solo contra Guerrero, sino también contra Alianza Lima. El abogado argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, fue consultado sobre el caso y explicó los posibles escenarios legales que se presentan. Según Bee Sellares, la principal acción que tomará César Vallejo será una demanda por el supuesto incumplimiento de contrato por parte de Paolo Guerrero. “El club trujillano considera que la renuncia de Guerrero sin una compensación económica constituye una violación de su acuerdo contractual. Por ello, Vallejo presentará una demanda ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, argumentando que el jugador ha incumplido con sus obligaciones contractuales,” afirmó el abogado. En cuanto a la posible implicación de Alianza Lima en esta controversia, Bee Sellares mostró escepticismo. Si bien el presidente de César Vallejo, Richard Acuña, ha señalado que el fichaje del delantero por el club limeño podría considerarse una
Cuatro trabajadores del INPE en Trujillo asesinados por mantener el orden El club trujillano evalúa demandar por daños y perjuicios tras la salida del delantero, mientras que expertos legales opinan sobre la viabilidad de una posible demanda contra Alianza Lima. La reciente resolución emitida por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha generado un fuerte revuelo en el fútbol nacional. El 22 de agosto se confirmó que Paolo Guerrero, ícono del fútbol peruano, quedó en libertad de su contrato con el club César Vallejo, lo que abrió la posibilidad de su fichaje por Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este desenlace, sin embargo, no ha sido bien recibido por el club César Vallejo, que se ha visto afectado por la salida abrupta del delantero. En respuesta, el club trujillano estaría preparando una demanda por daños y perjuicios, no solo contra Guerrero, sino también contra Alianza Lima. El abogado argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, fue consultado sobre el caso y explicó los posibles escenarios legales que se presentan. Según Bee Sellares, la principal acción que tomará César Vallejo será una demanda por el supuesto incumplimiento de contrato por parte de Paolo Guerrero. “El club trujillano considera que la renuncia de Guerrero sin una compensación económica constituye una violación de su acuerdo contractual. Por ello, Vallejo presentará una demanda ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, argumentando que el jugador ha incumplido con sus obligaciones contractuales,” afirmó el abogado. En cuanto a la posible implicación de Alianza Lima en esta controversia, Bee Sellares mostró escepticismo. Si bien el presidente de César Vallejo, Richard Acuña, ha señalado que el fichaje del delantero por el club limeño podría considerarse una "mala práctica", el abogado argentino opina que una demanda en contra de Alianza Lima tendría pocas probabilidades de prosperar. “Desde mi punto de vista, la demanda contra Alianza Lima no tendría un sustento sólido, ya que el jugador decidió renunciar voluntariamente a su contrato previo", explicó. Este conflicto legal, que ahora parece inevitable, podría traer consecuencias significativas para todos los involucrados. Mientras que Paolo Guerrero se alista para posiblemente vestir la camiseta de Alianza Lima, la disputa legal que se avecina podría tener un impacto duradero tanto en su carrera como en las relaciones entre los clubes peruanos. Los próximos días serán clave para determinar si César Vallejo llevará adelante sus intenciones legales y cómo se resolverá este complejo caso en el ámbito del fútbol nacional.

Los trabajadores penitenciarios del penal El Milagro denuncian la falta de medidas de seguridad y mejoras salariales, en medio de una creciente crisis de inseguridad en Trujillo.

La situación en el penal El Milagro de Trujillo ha alcanzado un punto crítico. Cuatro trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han sido asesinados mientras intentaban imponer el orden en este establecimiento, según denunció el secretario del Sindicato de Trabajadores del INPE, Juan Domingo. Estos fallecimientos, ocurridos fuera del penal y en fechas anteriores a la pandemia, evidencian el alto riesgo al que se enfrentan diariamente los agentes penitenciarios. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente, generando un clima de incertidumbre y preocupación.

Más de 350 empleados del INPE en El Milagro han solicitado al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que atienda sus reclamos, que incluyen un aumento salarial que no ha sido revisado en los últimos diez años, a pesar de las constantes amenazas que enfrentan en su labor diaria. Los trabajadores piden la implementación de un seguro de trabajo de alto riesgo, una necesidad que, según ellos, ha sido ignorada por las autoridades, a pesar de haberse presentado la documentación necesaria.

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Domingo, en declaraciones a medios locales, enfatizó que los agentes caídos fueron acribillados fuera del penal, en represalia por sus esfuerzos por mantener la disciplina dentro de la prisión. “Hemos perdido a cuatro colegas que solo intentaban hacer su trabajo, en un entorno donde los delincuentes han perdido el respeto por la autoridad”, señaló. Además, lamentó que, a pesar de los reiterados pedidos al presidente del INPE, Javier Llaque, y a otros representantes gubernamentales, no se hayan tomado acciones concretas.

La huelga nacional convocada por los trabajadores del INPE ha paralizado actividades en los 68 centros penitenciarios del país, suspendiendo visitas familiares y conyugales hasta nuevo aviso. Entre sus demandas se encuentran la aplicación de la Ley 29709 para el personal CAS en 2025, un aumento en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) para el personal bajo esta ley, y la asignación de una bonificación del 15% por trabajo en condiciones adversas.

La situación en Trujillo se agrava aún más debido a la superpoblación en el penal El Milagro, que opera al 300% de su capacidad, y la creciente inseguridad en la ciudad, que ha registrado más de 30 mil delitos el año pasado. Frente a este escenario, los trabajadores del INPE exigen respuestas y acciones inmediatas para garantizar su seguridad y mejorar sus condiciones laborales.