La situación legal de Patricia Benavides, investigada por presuntos delitos de organización criminal en agravio del Estado, volvió a moverse tras una decisión clave de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El tribunal declaró “inadmisible” el recurso de casación presentado por el Ministerio Público, que buscaba suspenderla del cargo por 36 meses mientras avanzaba la investigación.
La inadmisibilidad recayó sobre el recurso interpuesto contra la resolución emitida el 30 de julio, que a su vez confirmó la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del 10 de abril. Aquella instancia determinó que “carece de objeto” pronunciarse sobre la solicitud de suspensión preventiva, al tratarse de un pedido “improcedente al haberse producido sustracción de la materia”, dado que Benavides ya estaba suspendida por la anterior Junta Nacional de Justicia.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos insistió en su casación excepcional del 20 de agosto, alegando que la resolución impugnada afectaba el interés público y el cumplimiento de obligaciones internacionales del Perú en lucha anticorrupción.
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El juez supremo César San Martín concluyó que el recurso no tenía viabilidad. Señaló que la propia sala había emitido la resolución cuestionada, lo cual la convertía en una decisión irrecurrible al ser el último grado de la jurisdicción penal ordinaria.
