POR OCASIONAR DAÑOS AL ESTADO CON INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Un total de 204 funcionarios y servidores públicos fueron inhabilitados por la Contraloría General para ejercer la función pública hasta por cinco años, debido a que cometieron infracciones administrativas graves o muy graves, ocasionando un perjuicio al Estado.
Del total de inhabilitados para ejercer la función pública, 175 se encuentran con sanción vigente; mientras que 29 cumplieron su sanción desde julio del 2021, fecha en que entró en vigencia de la Ley 31288, que restituye la capacidad de sanción de la entidad de control.
El listado de los inhabilitados se encuentra publicado en el portal de la Contraloría General y se actualiza al término de cada mes.
La presunta responsabilidad administrativa grave o muy grave fue detectada en los informes de control posterior y corroborada en un procedimiento administrativo sancionador (PAS), donde se respetó el debido proceso que incluye, entre otros, el derecho de defensa, el principio de legalidad y el de tipicidad.
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Las conductas infractoras más recurrentes detectadas por la Contraloría son: actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones y otros procedimientos; obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, haciendo uso de su cargo o autoridad, e incumplir, negar o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo.
