El Congreso aprobó la medida que establece que las empresas solo pueden contactar a los usuarios después de haber obtenido su consentimiento
El jueves 14 de septiembre, el Congreso de la República aprobó la versión final de la ley que prohíbe las molestas llamadas comerciales no solicitadas, a pesar de que el Poder Ejecutivo la había cuestionado en mayo de este año. Los legisladores respaldaron esta medida con sus votos, que establece que las empresas solo podrán contactar a los usuarios si estos han otorgado su consentimiento de manera explícita.
El Ejecutivo había examinado minuciosamente la propuesta en tres aspectos. En primer lugar, hizo hincapié en que, aunque es innegable que los derechos fundamentales de las personas se ven comprometidos, es imperativo llevar a cabo una evaluación de proporcionalidad.
En segundo lugar, se subrayó que se viola el principio de coherencia normativa. En tercer lugar, se cuestionó la falta de justificación de la necesidad en los tres proyectos de ley que integran el dictamen. A pesar de estas consideraciones, la Comisión de Defensa del Consumidor rechazó estas observaciones y optó por insistir en la propuesta.
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«Las llamadas spam afectan a la mayoría de la población. Constituyen una mala práctica de los proveedores de servicios que usualmente tercerizan a otras empresas para que efectúen estas llamadas que ocasionan tanto malestar. Todas las personas venimos siendo perjudicadas por las llamadas spam, no respetan horarios, ni laborales ni de descanso, recibiendo llamadas todos los días a cualquier momento con fines publicitarios y de cobranza», precisó la congresista Katy Ugarte, quien es una de las autoras de los proyectos de ley.
De igual manera, Rosangella Barbarán, quien ocupa el cargo de vicepresidenta en la Comisión de Defensa del Consumidor y pertenece al partido Fuerza Popular, afirmó que los derechos esenciales de los individuos tienen una importancia significativamente mayor que el derecho a la libre empresa. Esto se aplica en consideración de que no se está imponiendo una prohibición a la operación de los centros de llamadas. «Esta Comisión considera que por encima del derecho de la libre empresa está el derecho a la salud de la persona humana».
Según Indecopi, Telefónica del Perú (con un 23% de las quejas), Entel (con un 11%), y el sector de servicios financieros y seguros (también con un 11%) son las empresas y áreas que han recibido la mayor cantidad de reclamaciones de usuarios relacionadas con posibles situaciones de llamadas no deseadas.
