Colaborador eficaz revela sobornos para impulsar ley del atún

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Darwin Espinoza habría recibido soborno de un millón de soles: Sada Goray entregaría pruebas a la fiscalía - Infobae

El implicado es el parlamentario Darwin Espinoza

El congresista Darwin Espinoza, ex miembro de Acción Popular, habría recibido un millón de soles de la empresaria Sada Goray. El fin era poder modificar el reglamento pesquero del atún y favorecer la aprobación de una ley que benefició a empresas del sector.

La relación entre Espinoza y Goray inició en septiembre de 2021, durante una reunión organizada por el parlamentario Enrique Alva Rojas. Posteriormente, Goray presentó a Espinoza al empresario atunero Juan Ricardo Torres Cubas, quien buscaba flexibilizar las regulaciones de pesca.

Torres Cubas, gerente de varias empresas del rubro, habría señalado que Espinoza y su grupo tenían influencia en el Ministerio de la Producción. Según el colaborador, Espinoza pidió un millón de soles a cambio de asegurar los cambios requeridos, con la intención de repartir ese dinero entre 11 congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”.

El primer pago, de 50 mil soles, se realizó en noviembre de 2021 en la casa de Goray. Kenji Risco Urbina, comunicador cercano al grupo parlamentario, actuó como intermediario. En diciembre, se completó la entrega de los 800 mil soles restantes en una bolsa plástica negra, junto con otros 200 mil soles en un sobre manila, según detalló el colaborador eficaz.

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Gracias a estos acuerdos, el 10 de diciembre de 2021, Luis Mesones Odar, exesposo de Goray, fue nombrado viceministro de Producción. Desde esa posición, el grupo impulsó cambios en el reglamento pesquero, aumentando de 30% a 40% la cantidad de atún que barcos extranjeros debían dejar en Perú y flexibilizando los permisos para adquirir flotas pesqueras.

El decreto con las modificaciones se publicó el 30 de junio de 2022, y el 9 de octubre de ese año se promulgó la ley del atún, respaldada por la bancada de Acción Popular. La norma permitió que el atún procesado en Perú fuera considerado importación temporal y exonerado de impuestos, beneficiando directamente a empresas vinculadas al comerciante atunero Fernando Pazos, socio de Goray.