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CIDH admite demanda de terrorista Víctor Polay contra el Estado

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Víctor Polay saldrá en libertad en 2026 pero alega afectación de sus derechos en los procesos judiciales en Perú. Estado peruano responde que eso ya fue resuelto en el Poder Judicial y en la ONU.

Una extraña resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA coloca en la agenda política de Perú una supuesta controversia que involucra al líder terrorista del MRTA Víctor Polay Campos.

Según los jueces de la CIDH, “los hechos denunciados” por la defensa de Polay Campos, “de ser probados, podrían constituir violaciones a los derechos (…) del Sr. Polay Campos en los términos descritos en el presente informe”.

Tales derechos vulnerados, dice el informe, están “reconocidos en los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y no retroactividad) y 25 (protección judicial), de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento”.

Por lo tanto, la Comisión RSI decidió: aceptar esta petición [defensa de Polay]; notificar a las partes de esta decisión; continuar analizando el fondo del caso; y publicar esta decisión e incluirla en su informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Lo que ha resultado confuso hasta ahora es el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Sucedió el 20 de marzo de 2022, durante la administración de Pedro Castillo y Perú Libre [informe nro. 56/22, petición núm. 1548-07, Informe de Admisibilidad, Caso Víctor Alfredo Paul Campos].
No fue hecho público, pero se conserva desde entonces. Cabe señalar también que los detalles de los cargos en defensa de Polleta fueron comunicados al gobierno peruano el 2 de marzo de 2021.
Delia Munjo, ex ministra de Justicia y ex fiscal que reveló los detalles del documento, estaba consternada de que el Estado no se hubiera tomado el asunto lo suficientemente en serio. Muñoz sugirió que el gobierno peruano debería tomar las salvaguardias apropiadas para evitar que el informe sea presentado ante un tribunal estadounidense.

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