El fujimorismo habría realizado un sospechoso financiamiento en su campaña de la segunda vuelta
Debido a su participación en la obtención, transferencia y encubrimiento de recursos destinados al respaldo financiero de la campaña que denunciaba un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial, el fiscal José Domingo Pérez ha decidido expandir la pesquisa sobre el delito de lavado de dinero, con el agravante de pertenencia a una organización criminal, en relación con Keiko Fujimori y los líderes de Fuerza Popular. Estos líderes incluyen a Luis Galarreta Velarde, Miguel Torres Morales, Karina Beteta Rubín, Milagros Takayama Jiménez; así como la contadora del partido, Lindman Miranda Zamalloa.
De acuerdo con las regulaciones legales, después de que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, fuera declarado ganador en la votación del 6 de junio de 2021, Keiko Fujimori no solamente rechazó el resultado, sino que también inició una intensa campaña difamatoria basada en objetar no comprobadas, con el propósito de influir en la opinión pública en favor de su oponente.
Bajo un argumento infundado, Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular sostenían, sin respaldo probatorio, que se había robado su victoria en favor del candidato Pedro Castillo, al alegar una supuesta conspiración entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, la Fiscalía llevó a cabo una investigación y no halló pruebas de fraude.
Keiko Fujimori precedió que los medios de comunicación que respaldaron su postulación en la segunda vuelta respaldaron su narrativa ficticia sobre el fraude electoral, lo que le llegó a comenzar a recaudar fondos para financiar su próxima campaña en contra del supuesto “fraude” luego de su derrota.
“Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias y a los juegos de tragamonedas, así como la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Es así que el partido Fuerza Popular logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de dos millones de soles en aportes en efectivo y en especie entre el 13 de marzo del 2021 y 30 de julio del 2021”, detalló el fiscal José Domingo Pérez.
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“Todo ello demostraría que la campaña del fraude era un mecanismo de la organización criminal enquistada en Fuerza Popular para causar intranquilidad en la sociedad, pues a través de la desinformación y noticias falsas, desacreditación de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec, se buscó engañar a la ciudadanía, causarle miedo sobre el proceso electoral, con el objetivo de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país, desestabilizándolo, tal y como ha ocurrido en las elecciones pasadas”, añadió.
Durante el período comprendido entre enero y julio de 2021, el partido político Fuerza Popular logró un total de 473 contribuciones en efectivo ante la ONPE. Sin embargo, canceló 142 de estas aportaciones (equivalente al 30%), lo cual resulta relevante para el fiscal a cargo.
Por otro lado, algunos de los fondos podrían haber sido utilizados para respaldar 942 casos sin mérito presentados por Fuerza Popular, con un gasto de S/1.100.000. Sumado a esto, se presentaron otras 367 apelaciones por S/242.220, junto con 75 apelaciones por observaciones por un total de S/31.350. En total, se habría destinado S/1.309.770. Sin embargo, nunca se puso en marcha la existencia de fraude, como afirmaba Keiko Fujimori.
