El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha condenado a 29 personas a prisión por su participación en un ataque golpista en enero.
Las nuevas condenas se suman a las dictadas en septiembre pasado, que afectaron a 30 individuos. Tras acordar virtualmente que debían ser condenados, los magistrados del STF debían establecer la duración de las penas.
El juez Alexandre de Moraes propuso condenas de entre 14 y 17 años, respaldado por otros jueces, sellando así la suerte de los acusados. En 2023, el STF ya había condenado a 30 personas por cinco delitos, incluyendo la abolición violenta del Estado democrático de derecho y el golpe de Estado.
Las 59 personas procesadas, denominadas «los ejecutores», fueron detenidas durante el ataque a las instalaciones del Palacio del Planalto, del Congreso y del STF.
El juez De Moraes explicó cómo la invasión se gestó, recordando las multitudes ante cuarteles militares y la consigna de «¡Fuerzas Armadas, salven la Nación!». Señaló errores al permitir que estos grupos permanecieran frente al cuartel en Brasilia durante el último año.
Detalló el plan que se desencadenaría si la invasión tenía éxito, con la intención de convencer al Ejército de unirse al golpe. Aunque el Ejército no coqueteó con la idea, algunos de sus miembros estuvieron involucrados y están bajo investigación.
El intento golpista buscaba provocar un efecto dominó en otros estados, y la destitución del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, fue clave para evitar la participación de otros gobernadores en la rebelión.
En un cierre convulso de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró que su abogado personal y su ministro de Justicia se convirtieran en miembros del STF. Este episodio destaca la complejidad de la situación política en Brasil y la necesidad de abordar las tensiones que llevaron a estos eventos.
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