Guayaquil. Una camioneta amarilla estaba aparcada frente a la casa. Si Belén y su esposo no pagaban US$5.000, matarían a su hija de 2 años.
La pareja no podía confirmar si era cierto que los vigilaban. Ambos estaban fuera de casa, en plena firma de un préstamo en el banco.
Policías y militares hacen redadas en las calles bajo el estado de excepción
El hombre que llamó por teléfono tenía acento colombiano. A medida que conversaban, el esposo de Belén notó que su interlocutor pronunciaba incorrectamente los nombres de otros parientes y daba información inexacta sobre la familia. Concluyó que estaba leyendo sus redes sociales.
Belén y su esposo son propietarios de una academia de repostería y una pizzería en Guayaquil, el centro económico de Ecuador. Los perfiles de sus negocios suman más de 12.000 seguidores en redes sociales. Por ello, Belén pidió mantener a resguardo su verdadera identidad y las señas de sus propiedades para contar esta historia.
“Fuimos a denunciar a la Fiscalía y nos dijeron que no podían hacer nada, habría que esperar a que ocurriera algo más ‘concreto'”, enfatizó como si dibujara las comillas con los dedos.
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CONTROL TERRITORIAL
Los índices de violencia en Ecuador alcanzaron récords históricos en 2022. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga indicó que Ecuador se ha convertido en el tercer país donde se incautan más narcóticos en el mundo, después de Colombia y Estados Unidos.
La tasa de muertes violentas se ha incrementado de 13,89 en 2021 a 15,48 por cada 100.000 habitantes este año. Un caso sorprendió al país en septiembre: el asesinato a tiros de Édgar Escobar, un fiscal que investigaba las redes del crimen organizado en Guayaquil.
La Fiscalía reporta que Guayaquil es la ciudad ecuatoriana con mayor cantidad de denuncias de extorsiones (474 casos hasta agosto) e intimidación (2.479 casos). Las “vacunas”, como llaman en Ecuador a las extorsiones, constituyen una fuente de financiamiento para los grupos del crimen organizado.
Los Choneros, Lobos, Lagartos, Tiguerones y Choner Killers encabezan el mapa de unas 20 bandas investigadas por la Policía Nacional de Ecuador en todo el país, que se dedican a actividades como el microtráfico, el sicariato, el contrabando y las extorsiones.
Los explosivos son una de las formas que utilizan para atemorizar a la población. Hasta el mes de agosto se habían registrado 145 atentados con bombas en Ecuador, 72 de ellos en Guayaquil. El peor ocurrió en el barrio Cristo del Consuelo, donde fallecieron cinco personas y más de 100 resultaron afectadas por el estallido de una bomba.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso respondió con un decreto de estado de excepción, que ha estado vigente durante los últimos dos meses, para contener los ataques. Autoridades del gobierno ecuatoriano han atribuido el repunte de la violencia a las disputas entre bandas del crimen organizado y contra los cuerpos de seguridad del Estado por el control de territorios para traficar droga.
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CUERPOS DECAPITADOS
El restaurante de Francesca Ferrero recibió una llamada en julio. Era un número mexicano, y la persona aseguraba que el negocio debía hacer un depósito en una cuenta para ponerse al día con un trámite municipal.
Para reforzar la seguridad de su negocio, Ferrero mandó a bloquear los números extranjeros. “La Policía Nacional nos ha dicho que podemos denunciar a la Fiscalía, pero ahí se queda el proceso porque son números internacionales, y no hay cómo hacerles seguimiento a través de las telefonías locales”.
Mes y medio después, escribieron al número de Whatsapp del restaurante de parte de la banda Los Choneros. Si Ferrero no pagaba, atacarían su local para acabar con los empleados. “La administradora se puso muy nerviosa. Empezaron a mandar fotos de bombas, pistolas y decapitados”.
Ferrero acudió a la Policía Nacional y descubrió que otros diez locales habían recibido las mismas imágenes y los mismos mensajes aquel día. El advierte que los extorsionadores no solo encuentran la información de los comercios en las redes sociales. También en el servicio tributario ecuatoriano, que es público y abierto.
Fernando Carrión, experto ecuatoriano en seguridad, ha recogido el testimonio de empresarios que aseguran invertir de 15% a 20% del presupuesto mensual de su empresa en medidas de seguridad, como contratar vigilancia privada, para evitar las extorsiones o el riesgo de bombas.
“El gobierno no se da cuenta de que una buena política económica requiere de una buena política de seguridad ciudadana. Si quiere reactivar la economía, tiene que detener la violencia”, dijo Carrión.
EXTORSIONAR A LOS POBRES
Nora se asomó al escuchar el ruido de las motos. Una mujer y dos hombres se estacionaron, y esperaron a que los vecinos se congregaran en la calle para anunciar que a partir de aquel momento, todos tendrían que pagar por su seguridad.
—No me vas a venir a cobrar nada porque no tengo plata —protestó una vecina.
La mujer se acercó a ella y le volteó la cara de una bofetada. Luego le dio un puñetazo. Después otro. Y otro. Mientras aquella mujer la golpeaba, los vecinos entraron a sus casas y salieron armados con machetes. Observaron a los agresores en silencio hasta que retrocedieron y se marcharon.
Tres semanas antes, Nora también había sido amenazada. Un hombre le arrancó el teléfono, la apuntó con una pistola y le ordenó que lo desbloqueara. “Mátame si quieres, no te tengo miedo”, respondió en un arrebato. Luego recordó que sus hijas estaban solas en casa. Lorena, la más pequeña, tiene 4 años.
Nora es líder barrial en Monte Sinaí, una extensa montaña de 1.300 hectáreas poblada por asentamientos informales al noroeste de Guayaquil. Un vecino abogó por ella y pidió que no la mataran, había ayudado a muchas personas de la comunidad. Cuando los hombres se marcharon, Nora sintió que las piernas no la sostenían.
Seguramente sus vecinos la habían traicionado. Todos sabían que ella había convocado aquella reunión para impedir que Los Choneros se apropiaran de un terreno del sector.
