Abogado de Benavides sugirió que Villanueva fue coaccionado

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Abogado de Benavides sugirió que Villanueva fue coaccionado
Abogado de Benavides sugirió que Villanueva fue coaccionado

El abogado Juan Peña expresó que el nuevo colaborador eficaz posiblemente tuvo miedo de ser encarcelado

La representación legal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, sugirió que Jaime Villanueva podría haber sido presionado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional. Insinuaron que pudo haber sido coaccionado para testificar en contra de su defendida bajo la amenaza de ser detenido preventivamente.

“Creo en lo personal, que [Villanueva] se ha visto coaccionado con una detención preliminar que, en base legal, tiene muchos defectos y que después de nueve días se termina desistiendo su apelación [para un posible pedido de prisión preventiva]”, mencionó el abogado Juan Peña a RPP Noticias.

En esa perspectiva, el abogado destacó la importancia de verificar exhaustivamente las afirmaciones de Villanueva hechas a las autoridades en contra de la exjefa del Ministerio Público suspendida, para que puedan ser consideradas dentro del expediente del caso “La fiscal y su cúpula de poder”.

Peña también solicitó al filósofo que aclare si tenía algún involucramiento en las supuestas coordinaciones con congresistas de la República, exigiendo claridad sobre este punto específico.

“Que ha elegido a un mal asesor, de todas maneras, mire en la posición en la que se encuentra hoy en día”, comentó el abogado de Patricia Benavides como parte de una estrategia para intentar separar a su cliente de los actos de corrupción asociados a Villanueva.

Explosivas revelaciones

Como es de conocimiento público, Jaime Villanueva dejó su cargo en la Prefectura de Lima durante la madrugada del 6 de diciembre pasado. Esto ocurrió debido a que, en calidad de exasesor cercano a Patricia Benavides, optó por entrar en el programa de colaboración eficaz y revelar información sobre la red delictiva a la que pertenecía.

De acuerdo con el semanario de Hildebrandt en sus Trece, Villanueva llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la Policía para ofrecer información detallada sobre la presunta estructura de corrupción liderada por Benavides. A pesar de esto, su primera acción fue cambiar de abogado.

Luis Javier Capuñay, exfiscal especializado en crimen organizado que previamente investigó el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, se convirtió en el nuevo abogado defensor de Villanueva y coordinó su proceso de colaboración eficaz.

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Buscan volar cabezas en JNJ

En consecuencia, Jaime Villanueva proporcionó su testimonio el miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de diciembre. En estas declaraciones, confirmó la autenticidad de los chats de WhatsApp que mantuvo con un congresista, identificado como el agente especial ‘Roberto’, acerca de negociaciones para deshabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, designar al abogado Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y destituir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Además, el filósofo reveló información adicional que podría complicar la situación legal de Patricia Benavides. Indicó que la exfiscal suspendida usaba la aplicación de mensajería instantánea “Signal” para llevar a cabo la captación de parlamentarios con el propósito de cumplir objetivos ilícitos. Mencionó que su exjefa tenía una cuenta con el número 515103249813 y usaba el alias ‘Vane’ de manera peculiar para evitar ser reconocida.

Villanueva proporcionó su teléfono celular con conversaciones mantenidas con fiscales de varios niveles, legisladores, jueces y periodistas de ciertos medios de comunicación. Con esto, desacreditaba los argumentos de Patricia Benavides, quien había afirmado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Junta Nacional de Justicia que no existían pruebas en su contra.

A pesar de esto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) optó el miércoles pasado por suspender provisionalmente a Benavides por un lapso de seis meses. Esto se debió a la presunta comisión de una falta considerada “muy grave” en el desempeño de sus responsabilidades, al ser señalada por pertenecer a una organización criminal dentro del Ministerio Público durante su mandato.

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