Jefa de estado expresa de manera contundente su postura respecto a la implicación de la líder del Ministerio Público en una red delictiva que está siendo investigada por el Equipo Especial contra la corrupción del poder (Eficcop)
Este miércoles, la presidenta Dina Boluarte solicitó la renuncia de la fiscal general, Patricia Benavides, quien está implicada en una red criminal dentro del Ministerio Público. En una rara comparecencia ante la prensa en Chimbote, donde se encontraba por una visita de trabajo, Boluarte expresó: «La fiscal de la Nación debe responder a esta investigación que nos ha sorprendido hace unos días. Creo que ha perdido objetividad para que pueda continuar en el cargo».
Este es el primer pronunciamiento enfático del Ejecutivo desde que se denunció la vinculación de la fiscal en una organización criminal que, según el Equipo Especial contra la corrupción del poder (Eficcop), habría ejercido influencia «ilícitamente en decisiones de congresistas».
En esencia, la mandataria busca promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación por parte del Congreso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Estas declaraciones surgen dos días después de un enfrentamiento sin precedentes entre Boluarte y Benavides, derivado de la investigación que llevó a la detención de Jaime Villanueva, mano derecha de la fiscal, durante la operación ‘Valquiria V’ realizada por el Eficcop.
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La acción se repitió con Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, quienes también son miembros cercanos al Ministerio Público y están vinculados a la magistrada. Horas más tarde, la magistrada destituyó a Marita Barreto, la líder de este equipo fiscal, y grabó un comunicado en el que afirmaba ser víctima de un «ataque premeditado» y un «intento torpe» por parte de «poderosos que no quieren ser investigados».
Durante ese mismo discurso, Benavides anunció que presentó una denuncia ante el Congreso contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023. Esta acusación constitucional también afecta a otros tres exministros del Interior que estuvieron a cargo de esa cartera durante las manifestaciones.
Inmediatamente, la presidenta respondió que esta denuncia es una «deleznable maniobra política» con la que Benavides intenta «distraer la atención» de la ciudadanía. El enfrentamiento entre estas dos mujeres de gran influencia en el país ha sido comparado con una trama de una novela mexicana por la legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú).
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Boluarte llegó a Chimbote para entregar títulos de propiedad y participar en la ceremonia de la Marina de Guerra. Durante la misma conferencia de prensa, evitó comentar sobre las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, quien previamente indicó que las autoridades «deben proceder a la excarcelación inmediata» del exdictador Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado lo contrario el año pasado.
Morales hizo esta mención al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En esta jornada, también se presentaron documentos y videos de una reunión urgente sostenida durante la madrugada por la fiscal de la Nación, justo antes del escándalo de corrupción. Entre los bienes incautados por la Diviac y el Eficcop, se encontraron cuatro dispositivos USB en el suelo de la oficina. Además, en la oficina de uno de los investigados, Miguel Girao, se hallaron documentos rotos, incluido un presunto borrador de la resolución de la destitución de Marita Barreto, quien fue cesada esa misma madrugada.
