Panamá celebra su fiestas patrias en noviembre sumido en protestas y huelgas que tienen paralizado parcialmente el país
Bajo el lema “¡Esta patria no se vende, esta patria se defiende!”, miles de panameños han salido a las calles durante los últimos diez días para expresar su rechazo a la aprobación rápida de un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, que permitirá la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica.
Este malestar generalizado se originó a raíz de una decisión que la población considera inconsulta e inconstitucional por parte del gobierno. Como resultado, se han producido bloqueos de carreteras en todo el país, huelgas de varios gremios, el cierre de escuelas y la suspensión de los desfiles patrios programados para el 3 de noviembre, fecha en la que se conmemoran los 120 años de la separación de Colombia.
El nivel de conflicto, tanto en términos de masividad como de duración, no se había observado en Panamá desde la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
El presidente Laurentino Cortizo ha intentado frenar las protestas anunciando una consulta popular que se llevará a cabo a mediados de diciembre. Esta consulta tiene como objetivo someter a votación la aprobación o derogación de la Ley 406, que autoriza la concesión de la mina por 20 años, con posibilidad de prórroga, a la filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals.
“A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano”, afirmó el mandatario el domingo 29 para calmar las protestas.
El presidente Laurentino Cortizo había emitido una moratoria minera en un intento por prohibir nuevas concesiones, coincidiendo con el inicio de la primera discusión en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que limita la otorgación de contratos para la explotación de la minería metálica en Panamá.
Sin embargo, los esfuerzos del gobierno no han logrado calmar la indignación de los panameños, quienes han expresado su descontento no solo por la falta de transparencia en la gestión de los contratos mineros (15 vigentes y 103 en discusión), sino también por la corrupción de fondos públicos, la falta de representatividad política y el alto costo de vida.
La demanda popular es que se suspendan las operaciones de la empresa Minera Panamá hasta que se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las seis demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre el contrato.
Claves de las marchas
A continuación, se detallan los cinco puntos clave para comprender las masivas protestas en Panamá que han paralizado el país:
1. Rechazo a la explotación de la mayor mina de cobre: Las manifestaciones se originaron como respuesta a la aprobación de un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, que permitiría la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica.
2. Protestas masivas y prolongadas: Las protestas han reunido a miles de panameños en las calles durante más de diez días.
3. Consulta popular y moratoria minera: El presidente Cortizo ha intentado calmar las protestas anunciando una consulta popular para diciembre con el propósito de someter a votación la aprobación o derogación de la ley que autoriza la concesión minera a Minera Panamá.
4. Amplio descontento: La población panameña no solo protesta por el manejo opaco de los contratos mineros, sino también por temas relacionados con la corrupción de fondos públicos, la representatividad política y el costo de vida en el país.
5. Demanda de suspensión de labores mineras: Los manifestantes exigen la suspensión de las operaciones de Minera Panamá hasta que se resuelvan las demandas de inconstitucionalidad.
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