El principal intérprete de la Constitución respaldó la liberación del miembro del partido fujimorista y argumentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene la «autoridad para instruir a un Estado a no cumplir con la sentencia de un tribunal nacional«
El 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional recibió el expediente del indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori, tras la decisión del juez Fernando Fernández de la Corte de Ica de remitirlo nuevamente a los magistrados. Más tarde, el máximo intérprete de la Constitución optó por liberarlo de la cárcel.
El juez Fernando Fernández argumentó que carece de competencia para ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ya que su juzgado no declaró fundada la demanda de hábeas corpus. Reconoció la existencia de un «escenario jurídico sobreviniente», indicando que hay un conflicto pendiente de resolver. Esta declaración hace referencia a la resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena al Estado peruano no aplicar el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2018.
En cuanto a la decisión del TC, el 29 de noviembre se emitió una resolución en la que se abstienen de responder a dos pedidos de aclaración, manteniendo su decisión de marzo de 2022 que disponía la liberación de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión en 2009 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
El abogado de Fujimori afirmó que esta decisión implicaba la salida de su defendido de la cárcel, mientras que el abogado de las víctimas opinó que los jueces del TC intentaron maniobrar políticamente y la ambigüedad de la resolución dificulta la toma de medidas.
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En medio de la controversia, la Corte IDH solicitó a Perú que envíe un informe antes del 6 de diciembre sobre el caso de Fujimori y que se cumpla su resolución del 7 de abril de 2022, que prohíbe su liberación. La Corte IDH argumenta que el Estado peruano debe abstenerse de implementar la sentencia del TC debido a que Fujimori no cumplió con las condiciones establecidas en una resolución anterior. La situación ha generado controversia sobre la influencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la jurisdicción peruana.
La decisión de liberar a Alberto Fujimori se produce después de que un juzgado en Ica declarara improcedente la ejecución de la resolución del Tribunal Constitucional, la cual estaba relacionada con el hábeas corpus presentado a favor del exmandatario. Esto refuerza la complejidad y las controversias legales en torno al caso, ya que diferentes instancias judiciales están emitiendo decisiones contradictorias. La situación subraya la importancia de resolver los conflictos jurídicos de manera coherente y armonizada para garantizar el respeto a los principios legales y constitucionales.
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