Lideresa de FP dijo que su partido evaluará denunciar a fiscales
Luego de que ayer por la mañana, el Tribunal Constitucional dejase sin efecto todos los actos precedentes en la investigación contra Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso ‘Cócteles’, la lideresa de Fuerza Popular brindó una conferencia en la que anunció que el partido político evaluará denunciar a los fiscales a cargo de las investigaciones.
Junto a los integrantes de su partido y su abogada, Giuliana Espinoza, Keiko Fujimori ofreció declaraciones a la prensa, en las que celebró la reciente decisión del TC.
“Sobre si es que yo voy a denunciar, yo no. He tomado esta decisión personalmente. El partido lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo”, dijo.
“El TC ha reconocido que durante más de diez años se cruzaron líneas que nunca debieron cruzarse. Y no hablo de Keiko Fujimori sino del Estado de derecho. No han sido años fáciles, hubo prisiones preventivas injustas, filtraciones con el objetivo de hacer un circo mediático, allanamientos sin un rumbo legal, acusaciones que parecían un eterno castigo, pero aquí estamos sin rencor y con la frente en alto”, agregó Fujimori.
En ese sentido, destacó además su confianza en el respeto al debido proceso, pese al extenso tiempo que ha tomado la investigación contra su organización política.
“Acusaciones que parecían un eterno castigo, pero aquí estamos. Sin rencor y con la frente en alto, porque creemos en el debido proceso y no en un linchamiento político. Porque creemos en el Perú y no en el odio. Estas palabras no buscan un desagravio para mí. Soy política y sé a lo que me enfrento y los riesgos que corro”, declaró.
¿QUÉ DIJO JOSÉ DOMINGO PÉREZ?
Antes de la conferencia brindada por Keiko Fujimori, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, pidió suspender el juicio oral que se sigue contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con el fin de analizar los alcances de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que archivó el denominado Caso Cocteles, relacionado con Keiko Fujimori.
“Lo que solicito es la suspensión de la continuación del presente juzgamiento hasta que se resuelvan los alcances en el presente proceso de la sentencia del Tribunal Constitucional 2109-2024, que beneficia a Keiko Fujimori”, expresó el representante del Ministerio Público.
Pérez añadió que la sentencia del TC “ha beneficiado a la persona de Keiko Fujimori en la que declara que no es delito de lavado de activos los aportes de dinero de la empresa Odebrecht en las campañas políticas”.
CRITICARON A ROSPIGLIOSI POR LLAMAR “TERRUCO” A ‘TRVKO’
Por otra parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien también pidió que se demande a los fiscales que llevaban el caso ‘Cócteles’, desató ayer una ola de críticas por señalar que el músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, quien murió tras recibir un disparo de un policía infiltrado durante una protesta antigubernamental, era “terruco”.
“Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No debería haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune”, declaró a la prensa.
Aunque un grupo de periodistas le aclaró que el nombre artístico del manifestante era ‘Trvko’, el legislador insistió en su postura.
“Sí, yo sé. Yo sé que era ‘Trvco’, que significaba lo que ya hemos dicho. Pero ese no es el hecho. El hecho es que esa muerte tiene que investigarse y no debió haberse producido de ninguna manera, a menos que no hubiese habido los ataques a la policía. Esos ataques a la policía son el contexto donde se producen estos hechos de violencia”, agregó.
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¿POR QUÉ EL TC ANULÓ EL CASO ‘CÓCTELES’?
El documento oficial que sustenta la posición del TC indica que se considera que la figura penal de “receptación patrimonial”, bajo la cual se pretendía procesar a Fujimori por lavado de activos, fue incorporada al Código Penal peruano recién en noviembre de 2016, es decir, después de los hechos investigados, por lo que aplicarla “implicaría realizar una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, afectando gravemente al principio de legalidad penal”.
El fallo también cuestionó la acusación de organización criminal, señalando que la finalidad de un partido político de ganar elecciones no puede equipararse a un propósito delictivo ni a la búsqueda de beneficios económicos ilícitos, como exige el tipo penal.
“En igual sentido tampoco cabe alegar el delito de organización criminal, ya que dicha modalidad implica la existencia de fines delictivos y/o beneficios económicos ilícitos, lo que, sin embargo, nada tiene que ver con una finalidad política plenamente legítima como es el ganar elecciones”, se lee en la resolución.
