El Tribunal Constitucional (TC) admitió por unanimidad la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Poder Ejecutivo contra la ley 31355, ley que interpreta la cuestión de confianza. Dicha norma fue aprobaba por insistencia el 19 de octubre por el pleno del Congreso de la República y limita los escenarios en los que el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de este mecanismo establecido en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú.
De acuerdo con el artículo 105 del Nuevo Código Procesal Constitucional, la admisión de la acción de inconstitucionalidad concede al Parlamento el plazo de 30 días útiles para contestar la demanda.
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En la demanda, presentada por el procurador público especializado en materia constitucional del Poder Ejecutivo, Luis Huerta Guerrero, se pide a la institución que preside Marianella Ledesma que “declare la inconstitucionalidad total de la ley, por razones de forma y de fondo” ya que contradice las disposiciones de la Constitución Política del Perú de 1993 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
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