El proceso de investigación preparatoria en torno al exmandatario Pedro Castillo por el intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022 ha incorporado nuevos nombres. Además de la ex primera ministra Betssy Chávez, su asesor Aníbal Torres, y los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior) y Willy Huerta (Interior), altos rangos de la Policía Nacional del Perú (PNP) también están siendo implicados.
La Fiscalía agregó tres nuevos personajes en juico a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado.
Según un medio local, se ha iniciado una pesquisa el 10 de agosto pasado dirigida al general PNP Manuel Lozada Morales, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y el teniente Eder Antonio Infanzón Chávez. A Lozada se le atribuye el presunto delito de conspiración como coautor, mientras que Venero e Infanzón enfrentan acusaciones por rebelión.
La Fiscalía tiene un plazo de ocho meses para profundizar en los roles desempeñados por estos oficiales de policía en la jornada en que Castillo intentó ilegalmente cerrar el Congreso de la República, mientras se tramitaba un tercer proceso de vacancia, y tomar el control de otras instituciones públicas como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, entre otras.
Varios testimonios respaldan estas acusaciones. En el caso de Lozada, se alega que como entonces jefe de la región policial de Lima, intentó bloquear la entrada de los parlamentarios al Legislativo después del mensaje golpista de Castillo, bajo la orden del exministro Huerta. El teniente Infanzón presentó esta acusación.
Adicionalmente, el oficial PNP Edwar Roldán Michue declaró en junio pasado que el comandante Jesús Venero, entonces líder de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP, “ordenó que nadie ingresara o saliera del Congreso de la República”.
Incluso, las parlamentarias Adriana Tudela (Avanza País) y Vivian Olivos (Fuerza Popular) confirmaron que se les prohibió acceder a las instalaciones del Congreso.
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Cabe recordar que recientemente, el Poder Judicial aprobó una extensión de ocho meses en la investigación preparatoria contra Castillo por el fallido autogolpe. Durante este periodo, se realizarán entrevistas a 19 personas involucradas en el caso, incluyendo autoridades militares, policiales y civiles. También se llevarán a cabo peritajes técnicos, se examinarán las evidencias incautadas y se analizará minuciosamente la información obtenida de la interceptación de comunicaciones.
El fiscal supremo Uriel Terán Dianderas presentó la solicitud de prórroga, que fue otorgada por el magistrado Juan Carlos Checkley, con el fin de fortalecer los argumentos y sustentar el material relevante en el caso, que implica seriamente al exmandatario, la ex primera ministra Betssy Chávez, su asesor Aníbal Torres y los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior) y Willy Huerta (Interior).
Los abogados de Castillo han intentado anular la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, pero sin éxito. El más reciente intento, una petición de derechos, fue rechazado el 27 de julio pasado. Posteriormente, el sistema judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del exmandatario y otros 12 individuos implicados desde el 1 al 8 de diciembre de 2022.
