El excongresista Fernando Meléndez, autor de la Ley 31173, que garantiza la Ley 29625 de la devolución total y actualizada de los aportes del FONAVI a sus excontribuyentes, publicó una carta dirigida al presidente en la que la letra dice lo siguiente:
- El 10 de diciembre del 2021 se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 546/2021 que actualizó el Proyecto de Ley 7898/2020 de mi autoría que busca poner fin a las artimañas normativas y a las forzadas demandas de inconstitucionalidad que el Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto para escamotear, una vez más, el cumplimiento de la Ley 31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia del Covid-19.
- La autógrafa de la mencionada Ley ha sido remitida a su Despacho para su promulgación. Sin embargo, como ha ocurrido siempre con los gobiernos anteriores, el Ministerio de Economía se ha opuesto a la devolución de su dinero al fonavista adulto mayor repitiendo sin sustento técnico y legal que su devolución generaría un forado en el Presupuesto General del Estado, lo que ya han sido categóricamente rebatido en anterior oportunidad.
- Su nuevo Ministro de Economía, ha declarado que su Gobierno va a observar la Autógrafa de Ley dando a entender que la fórmula legal dispone que durante el año 2022 se devuelva todo su dinero a los Fonavistas, lo que no es cierto porque establece la fórmula para determinarle a cada fonavista el valor total actualizado que el Estado debe devolverle, es decir el MEF con ese argumento se opone a que cada fonavista sepa cuánto le debe devolver el Estado.
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- Al no promulgarla su Gobierno está cometiendo un acto de extrema injusticia con los fonavistas que constituyen población vulnerable y, que, por tanto, requieren atención prioritaria y su dinero para afrontar las secuelas de la enfermedad y la crisis económica generada por la pandemia. Presidente Castillo, hacer que el Estado peruano honre la deuda interna que tiene con dos millones de peruanos no es, no puede ser, ni será un acto inconstitucional. Es un acto de justicia.
