El retiro del 100% de los fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para los afiliados que tengan menos de 20 años de aportes y un bono extraordinario no menor a S/2,000, es lo que plantea el proyecto de ley presentado por la congresista Cecilia García y la bancada de Podemos Perú con el fin de enfrentar la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.
Propuestas se plantean en proyecto de ley presentado por bancada de PP
La parlamentaria defendió su proyecto de ley, 5196/2020-CR y dijo que es el Estado quien debe determinar “la deuda social que existe a la ONP” para que dicha iniciativa se pueda debatir en el Pleno y de inmediato realizar este desembolso.
“Estamos planteando que a todas las personas que no hayan llegado a lograr aportar por 20 años, se les vaya a devolver el íntegro de sus aportaciones”, dijo la legisladora en diálogo con RPP Noticias. “¿Cómo lograrlo con una ONP totalmente quebrada y que está siendo subsidiada por el Estado? Determinando la deuda social que existe a la ONP. Los aportes que van a cualquier sistema previsional debieron ser intangibles en cualquier época”, agregó.
Consultada por el monto que tendría que desembolsar el Ministerio de Economía (MEF) para devolver estos aportes y sobre de dónde saldría dicho dinero, la congresista respondió que “por más de cuatro Gobiernos no se ha determinado exactamente cuál es el monto exacto de deuda que se le tiene a los aportantes”. “No lo sabemos, los congresistas hoy no podemos dar un monto exacto porque hemos pedido información a la ONP y ellos tampoco lo tienen”, dijo.
BONO EXTRAORDINARIO
El mismo documento presentado, en su artículo 5, solicita también un Bono Extraordinario indicando: “Confórmese una Comisión Técnica integrada por los equipos de: La Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional, para que en el plazo improrrogable de 10 días desde la vigencia de la presente ley, formulen una propuesta de Bono Extraordinario no menor a S/2,000 con la finalidad de suprimir la discriminación a los trabajadores bajo el Sistema Público de Pensiones, quienes no han sido considerados en las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo para los trabajadores bajo el Sistema Privado de Pensiones”.
