El Poder Judicial rechazó el pedido de la mandataria Dina Boluarte que pretendía anular la denuncia constitucional en su contra por desactivar el equipo especial que brindó apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos y validó las pruebas entregadas por el Ministerio Público al Congreso.
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En dicho recurso, la defensa legal de la jefa de Estado alegaba una presunta vulneración al derecho a la motivación, pues consideraba que no se justificaban las circunstancias para declarar el secreto de las declaraciones testimoniales de los agentes encubiertos “Rene” y “Carlos”, así como la ampliación de las declaraciones de Harvey Colchado Huamaní, Walter Lozano Pajuelo, Carlos Morán Soto y Jorge Carrillo García.
