Luis Yacila Ortega trabajaba en la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali. El Ministerio de la Mujer lo separó tras la denuncia de la menor
Una menor atendida por la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali, después de sobrevivir a la explotación sexual por parte de su padrastro, fue víctima de violación por un psicólogo que le brindaba apoyo a través de esta entidad perteneciente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
De acuerdo con un informe divulgado el jueves por Epicentro, el MIMP, bajo la dirección de Nancy Tolentino, determinó que la situación de la adolescente no requería que fuera internada en un albergue a pesar de su estado de vulnerabilidad, y en su lugar, debía recibir apoyo de una trabajadora social y el psicólogo que la agredió.
El psicólogo implicado es Luis Ángel Yacila Ortega, despedido de su puesto y enfrenta una orden de detención preliminar en medio de una investigación penal. La semana pasada, trabajadores del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y de la Comisaría de Yarinacocha llevaron a cabo una visita a asentamientos y comunidades nativas en la zona, algunas de las cuales se encuentran muy distantes de la ciudad.
“Son un poco distantes y vamos en bote. En ese ínterin es que el personal tomó conocimiento del caso de la menor que había sido violada por el psicólogo y que tiene dos semanas de gestación”, contó una fuente cercana al caso al portal de investigación.
La denuncia se presentó ante el Ministerio Público el 20 de septiembre, y al día siguiente, se identificó al agresor, quien quedó prohibido de ingresar a las instalaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La fiscal María de los Ángeles Torres, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, anunció que su oficina buscará que el acusado reciba una condena de cadena perpetua.
“Se apresuró la investigación y estamos solicitando la detención preliminar del sujeto. Hemos solicitado también la Cámara Gesell y el reconocimiento médico, ya que la menor aún no ha brindado todo su testimonio porque está internada. Solo tengo la ecografía donde dice que tiene 10 semanas de gestación”, dijo a los medios.
La magistrada también confirmó que el agresor se encuentra prófugo, mientras que la víctima está recibiendo atención médica en un hospital de Ucayali y espera la aprobación de una junta médica para un aborto legal. Cabe destacar que cualquier embarazo en una menor se considera un acto de tortura, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas obligadas a llevar a cabo un embarazo tienen hasta cuatro veces más riesgo de sufrir complicaciones con potencial peligro para su vida.
Mediante un comunicado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que ha tomado la medida de protección de acogimiento residencial para la adolescente, quien ahora recibe atención del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).
Según el Ministerio de Salud, entre enero y diciembre del año pasado, se registraron 243 niñas gestantes menores de 15 años en Ucayali, la segunda región con más casos después de Loreto.
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