El mandatario surcoreano y varios altos funcionarios están bajo investigación por su implicación en la declaración y posterior revocación de la ley marcial.
La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur ha iniciado una investigación formal contra el presidente Yoon Suk-yeol, tras ser acusado de traición por su papel en la reciente declaración y levantamiento de la ley marcial. La investigación fue asignada al equipo de Seguridad de la Oficina Nacional de Investigación, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia local Yonhap.
Dos denuncias han sido presentadas en este caso: una por el partido opositor Rebuilding Korea Party y otra por un grupo compuesto por 59 activistas civiles. Estas señalan no solo al presidente Yoon, sino también a otras figuras clave del gobierno, como el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, el general Park An-su, jefe del Estado Mayor del Ejército, y el ministro del Interior, Lee Sang-min.
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Dimisión y acusaciones contra el ministro de Defensa
El exministro de Defensa Kim Yong-hyun renunció este jueves, luego de ser señalado por ordenar a las tropas bloquear el acceso de legisladores a la Asamblea Nacional tras decretarse la ley marcial. Según el viceministro de Defensa, Kim Seon-ho, estas instrucciones habrían sido parte de un operativo destinado a consolidar el control político.
El ministro del Interior, Lee Sang-min, también enfrenta acusaciones de haber colaborado en la implementación de la ley marcial, lo que ha generado críticas tanto dentro como fuera del gobierno. Estas acciones son vistas por la oposición como un intento de manipular el sistema democrático del país.
Movimientos de la oposición
El Partido Democrático (PD), principal fuerza opositora, ha anunciado que someterá a votación este sábado una moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol. La propuesta, respaldada por 191 legisladores, fue presentada oficialmente en la madrugada del jueves, marcando un nuevo capítulo en la creciente tensión política de Corea del Sur.
La investigación y los movimientos legislativos reflejan un clima político polarizado en el país, donde las acusaciones de abuso de poder han encendido el debate público sobre la estabilidad democrática y la rendición de cuentas de las autoridades. Por ahora, la presidencia no ha emitido declaraciones sobre el caso, mientras la nación observa cómo se desarrollan los acontecimientos.