Le dictaron a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por caso Aeródromo Wanka.
El Poder Judicial emitió una sentencia que condena a Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder del partido Perú Libre, a una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, tras hallarlo culpable de colusión en relación con la concesión del Aeródromo Wanka. Esta condena también incluye la inhabilitación de Cerrón para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure su pena, así como una reparación civil de 800 mil soles.
El proceso judicial se centró en las supuestas irregularidades cometidas por Cerrón durante su gestión como gobernador regional de Junín, específicamente en la firma del contrato de concesión del Aeródromo Wanka. La sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín encontró pruebas de colusión en su actuación, destacando un direccionamiento a favor del consorcio Aeródromo Wanka.
El veredicto también destacó que la implementación de esta infraestructura no contaba con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil, lo que generó perjuicios económicos al Estado. Además, se subrayó la participación activa de Cerrón en todo el proceso, desde el inicio hasta la firma del contrato, a pesar de las irregularidades evidentes.
La decisión judicial se tomó en una audiencia en la que Cerrón buscó que se declarara prescrita la acción penal en su contra, argumentando que habían transcurrido casi diez años desde los hechos en cuestión, amparándose en la Ley 31751. Sin embargo, este recurso fue desestimado por la sala.
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En esta misma sentencia, Aldrin Zárate, exalcalde de El Tambo, también fue condenado a una pena de 3 años y 6 días de prisión efectiva, con una sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esta medida responde a su presunta participación en los mismos hechos relacionados con la concesión del Aeródromo Wanka.
La resolución del Poder Judicial marca un hito en la lucha contra la corrupción en el Perú, enviando un mensaje claro de que aquellos que ocupen cargos públicos y cometan actos ilícitos deberán asumir las consecuencias legales de sus acciones, sin importar su posición política o social. La sentencia también refuerza la importancia de un sistema judicial independiente y la necesidad de mantener la integridad en la gestión pública.
