De acuerdo con el estudio, el 84% de los procesos penales se iniciaron en hospitales públicos.
A diario, en el Perú, las mujeres recurren a los servicios públicos de atención médica en busca de ayuda para poder abortar. Muchas terminan siendo denunciadas y perseguidas penalmente por el sistema de justicia. Esto según el estudio de Proyecta Igualdad, titulado La crueldad hecha rutina: La criminalización del aborto en el Perú (2012–2022).
La investigación revela que entre 2012 y 2022, se ha procesado penalmente a 9 962 mujeres por aborto voluntario. Es decir un promedio de 1 000 mujeres criminalizadas al año. Las principales víctimas son mujeres jóvenes: el 78 % tiene entre 18 y 30 años.
Además, el 71 % vive en situación de pobreza o pobreza extrema, solo una reportó ingresos mensuales superiores a S/ 1,000. Mientras que ocho no percibían ningún ingreso. El 77 % solo cuenta con educación básica, el 88 % son solteras y el 100 % no registraba antecedentes judiciales.
Lee también:
Esta situación, según el estudio, evidencia que los hospitales públicos se han convertido en el primer eslabón de la criminalización de abortar para las mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad, explica Brenda Álvarez, abogada, presidenta de Proyecta Igualdad y una de las investigadoras del estudio.
“El personal médico interroga, amedrenta y denuncia a mujeres con emergencias obstétricas, exponiéndolas a procesos penales sin garantías” , detalla.
Álvarez precisa que, según cifras del Ministerio Público, de los casi 10 000 procesos penales por aborto voluntario entre los años 2012 y 2022. El tipo de delito más registrado fue el autoaborto, con 9 845 casos. También se registraron 96 procesos por aborto en casos de violación sexual o eugenésico y 21 procesos por aborto terapéutico, a pesar de que este último es legal en el Perú, lo que demuestra una aplicación arbitraria de la ley.
Las mujeres procesadas por autoaborto enfrentan procesos penales que duran en promedio 32 meses. En muchos casos, se sostienen sin pruebas sólidas ni respaldo legal. Además, se indica que el aborto fue consecuencia de violencia sexual o se trataba de un aborto terapéutico legal o hubo errores en la calificación del delito.
