“Para nosotros, los latinos, llegar a Chile es como cumplir el sueño americano, y yo salí de Venezuela con una maleta cargada de sueños. Si me deportan ahora, sería como volver al pasado completamente derrotada”.
País sureño le cierra las puertas a muchos hermanos
Daniela* vive en el norte de Chile hace casi un año. Ingresó al país sudamericano por un paso irregular, en la frontera con Perú, luego de caminar tres días por el desierto, consumiendo solo agua y pan.
Al llegar a la ciudad de Arica, continuó su viaje de más de 700 kilómetros arriba de una mula para arribar a su destino final: la pequeña localidad El Loa, ubicada en la región de Antofagasta.
Iba en búsqueda de oportunidades y las encontró: consiguió un trabajo como tapicera y, con el dinero que logra reunir mantiene a sus dos hijos —de 6 y 9 años— que permanecen en Venezuela al cuidado de su madre. Pero el 28 de abril recién pasado, su plan se truncó luego de que recibió una orden de expulsión. Ahora, afirma, vive asustada.
“No he conseguido ayuda, ningún abogado me da respuestas. Y en cualquier momento me pueden tomar detenida y expulsar”, le dice a BBC Mundo.
“Es muy triste y doloroso estar en esta situación. Yo soy el sustento de mi familia y quiero traerlos a todos para acá porque es la única posibilidad de darles un mejor futuro a mis hijos, que tengan educación y libertad de expresión; lo que está pasando en mi país es una locura”, añade.
NUEVA LEY
Hay miles de migrantes en Chile que están enfrentando una situación similar a la de Daniela. La nueva ley de migraciones que comenzó a regir el 20 de abril solo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno de Sebastián Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia de coronavirus.
En cambio, quienes entraron de manera clandestina por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción.
“No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes“, dijo el presidente Piñera, al promulgar la ley. “Quienes intenten ingresar clandestinamente, no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión”, agregó.
Tras casi ocho años de tramitación en el Parlamento chileno, esta nueva legislación surge en medio del fuerte aumento del flujo migratorio que el país sudamericano ha experimentado en los últimos 10 años.
Los extranjeros aumentaron de 305 mil en 2010 (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena) a casi 1.500.000 personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recopiló datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile.
Esto se explica en parte por el incremento explosivo de las migraciones venezolana (pasando de una comunidad de 8 mil en 2012 a 500 mil en 2020) y haitiana (que aumentó de apenas 1.600 personas en 2012 a más de 185 mil en 2019).
Estimaciones del INE, señalan que hoy los venezolanos son el grupo más grande en Chile (30,5%), seguido de peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%).
La nueva ola migratoria ha significado un fuerte desafío para esta nación, donde se han tenido que adoptar medidas a contrarreloj para intentar adecuar sus políticas de integración hacia los migrantes.
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También ha habido importantes cambios sociales: ciertos municipios, incluso, han terminado cambiando su perfil demográfico debido a la gran concentración de extranjeros, como Santiago Centro o Independencia, donde uno de cada tres residentes no es de origen chileno.
“Frente al aumento de los flujos migratorios, resultaba urgente modernizar la ley que teníamos y que estaba absolutamente obsoleta”, le explica a BBC Mundo la abogada Pilar Hazbun, coordinadora del área legislativa del centro de estudios Libertad y Desarrollo, del cual varios de sus investigadores han colaborado con partidos de centroderecha y el gobierno de Piñera.
“Esta nueva legislación tiene un enfoque integral y comprende un equilibrio entre reconocer los derechos y deberes de los migrantes, pero también reconocer que el Estado tiene la soberanía para determinar quiénes ingresan y quiénes no, y cuáles son los requisitos para ello“, agrega.
EXPULSIONES ADMINISTRATIVAS
Para intentar controlar la migración ilegal, aparte del requerimiento de visados consulares, la nueva ley de facilita las “expulsiones administrativas”.
Ahora, para que un migrante sea expulsado ya no es necesario que haya una denuncia penal en su contra (lo que suponía una demora en el trámite). Desde el 20 de abril, la simple constatación de que una persona ingresó de manera irregular es argumento suficiente para que sea expulsada.
Es el caso de Daniela, quien cuando pisó territorio chileno se autodenunció con la esperanza de que podría optar a una regularización de sus papeles. Sin embargo, no fue así y, al contrario, se le cursó una orden de expulsión.
El gobierno de Piñera ha sido enfático en que hará cumplir la ley y para ello contrató 15 aviones comerciales que, según han adelantado las autoridades, se usarán para devolver a sus países a un total de 1.500 personas en 2021.
El primero de ellos despegó a fines de abril con 55 personas a bordo, todas vestidas con overol blanco para evitar el contagio de covid-19. ¿El destino? Caracas.
