Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, alertó a la comunidad internacional sobre el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de cancelar la inscripción de Fuerza Popular por presunta «conducta antidemocrática».
«Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia, que intenta perpetrar una fiscal politizada», aseguró la excandidata presidencial a través de su cuenta de X, Sin embargo, es el partido de la heredera del fujimorismo el que ha rechazado en diversas oportunidades el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre asuntos del Perú, tildándolo de «injerencia».
El primer caso sucedió en 2022, cuando la Corte IDH ordenó al Estado peruano no liberar a Alberto Fujimori, señalando que hacerlo violaría las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos.
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Ante ello, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi acusó al organismo internacional de ser una «corte caviar”.
Otro momento de tensión entre el fujimorismo y la Corte IDH fue este año, cuando el ente ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley 32419 (‘Ley de amnistía’) por considerarla incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
