Un total de 18 empresas constructoras peruanas y brasileñas vinculadas al cuestionado Club de la Construcción, están pendientes del fallo de la jueza de investigación Preparatoria, María de los Ángeles Álvarez, que deberá decidir si estas entidades pueden seguir contratando con el Estado.
Compañías constructoras podrán seguir contratando con el Estado solo si magistrada le da luz verde
La magistrada deberá analizar el caso bajo la Ley 30737, norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
En esa ley, en el primer nivel están empresas que admitieron ilícitos como Odebrecht; en el segundo, las ex socias de las empresas que cometieron delitos, mientras que en el tercero las empresas que solo son investigadas por corrupción en la Fiscalía.
Las empresas investigadas relacionadas al Club de la Construcción son Cosapi S.A., GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., Construcción y Administración S.A., Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A., Queiroz Galvao S.A. sucursal Perú, Andrade Gutiérrez Engenharia S.A. sucursal Perú, Monta-Engil S.A., Superconcreto de Perú S.A., Energoprojekt Niskogradnja sucursal del Perú S.A., Conalvías Construcciones S.A., Obrascon Huarte Lain sucursal del Perú S.A., Constructores y Mineros Constrastitas Generales S.A., y Constructora OAS sucursal Perú.
