El proyecto ha generado opiniones divididas en la sociedad peruana
El congresista Jorge Montoya, representante de Renovación Popular, ha generado controversia al presentar un proyecto de ley que propone otorgar amnistía a miembros de las fuerzas del orden y funcionarios del Estado acusados de delitos cometidos durante la época de violencia política en Perú, entre los años 1980 y 2000, y que aún no han recibido una sentencia.
El proyecto de ley, identificado como ‘Ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentren sin sentencia firme por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000′, busca beneficiar a personas que han sido procesadas durante más de dos décadas sin que se haya alcanzado una resolución definitiva en sus casos.
La propuesta plantea una amnistía «de carácter humanitario» para adultos mayores de 80 años que no hayan sido condenados con sentencia firme por delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo. Esto incluiría a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y funcionarios del Estado.
También te podría interesar:
El proyecto argumenta que, tras transcurrir más de 24 años desde los hechos investigados, resulta injusto mantener a estas personas bajo la amenaza de persecución penal o someterlas a procesos interminables que carecen de racionalidad y justicia. Además, señala la presunta ineficacia del sistema judicial para probar las acusaciones contra aquellos que actuaron en defensa del orden constitucional y la democracia.
La iniciativa legislativa destaca que quienes están siendo procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos actuaron en cumplimiento de deberes funcionales propios de sus actividades militares, castrenses, policiales o de gobierno. Además, resalta la necesidad de implementar medidas legislativas que aborden la situación de injusticia en la que se encuentran miles de policías, militares y funcionarios estatales que enfrentaron el terrorismo y sus secuelas de violencia, muerte y pobreza.
El proyecto ha generado opiniones divididas en la sociedad peruana, con quienes respaldan la propuesta argumentando la necesidad de cerrar heridas del pasado y quienes la rechazan por considerar que podría fomentar la impunidad y afectar la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado interno en Perú. La discusión sobre esta polémica propuesta continuará en el ámbito legislativo y en la opinión pública.
