Aunque la mayoría de proyectos de ley presentados en el actual Congreso plantea la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, la Comisión de Constitución, que dirige Omar Chehade (Alianza para el Progreso), ha propuesto regular esta prerrogativa, cuyo levantamiento se mantendrá en las manos del Legislativo.
El predictamen establece que los congresistas “no puede ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones” excepto en dos escenarios. El primero en delito flagrante, “caso en el cual el juez actúa de acuerdo a sus atribuciones”.
Y el otro, cuando exista una sentencia condenatoria “por delitos cometidos con anterioridad a su elección”. Sin embargo, no detalla si esta debe ser en primera o en segunda instancia.
