Desde el 29 de febrero de 2024, se han iniciado acciones sancionadoras contra 1180 individuos en el sector público
La Contraloría General ha tomado medidas contundentes al imponer la inhabilitación de servicio público a 204 funcionarios por graves faltas administrativas. Entre las infracciones destacan participación parcial en contratos, obtención indebida de beneficios y retraso injustificado en sus responsabilidades.
De estos, 175 individuos aún están bajo la medida restrictiva, mientras 29 han completado su penalización. Puedes consultar la lista detallada de los afectados en la página web oficial de la entidad, que se actualiza mensualmente.
Las faltas más comunes incluyen comportamiento parcial en contratos y licitaciones, obtención indebida de beneficios mediante abuso de autoridad, y retraso injustificado en el cumplimiento de funciones asignadas. Estas conductas fueron detectadas en auditorías sucesivas y confirmadas a través de Procedimientos Administrativos Sancionadores, garantizando el debido proceso.
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Destacan casos emblemáticos, como el exgerente general de Petroperú sancionado por el uso irregular de vehículos del Estado. Además, dos miembros del comité de selección de un puente vehicular en San Martín fueron inhabilitados por actuar parcialmente en el proceso de licitación.
El exalcalde de Morales, en San Martín, enfrenta cinco años de inhabilitación por procurar beneficio ilegal a un contratista. Asimismo, tres exfuncionarios de Petroperú enfrentan sanciones por participar en un esquema que buscaba beneficios indebidos en la adquisición de biodiesel.
Desde el 29 de febrero de 2024, se han iniciado acciones sancionadoras contra 1180 individuos en el sector público por presuntas faltas. De confirmarse, aquellos con faltas muy graves podrían ser privados de ejercer cargos por uno a cinco años, mientras que los involucrados en faltas menores enfrentarían suspensión de 60 días a un año. La Contraloría reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad en la función pública.
