El objetivo de la propuesta legislativa del Congreso era comenzar a realizar pagos parciales tanto a los empleados como a los beneficiarios de herencias.
Los trabajadores que contribuyeron al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) enfrentan cada vez mayores obstáculos para recibir los pagos que el Estado les adeuda, poder ejecutivo dificulta inicio de pagos a cuenta. Ayer, expresó su objeción a la ley aprobada por el Congreso de la República que buscaba permitir pagos anticipados y facilitar que los herederos de los trabajadores fallecidos reclamen el dinero. Según el documento, el Ejecutivo identificó al menos 10 inconsistencias normativas en la propuesta.
Uno de los aspectos más destacados es el pago parcial del «monto total», ya que los afiliados al Fonavi enfrentan dificultades para comprobar cada una de sus contribuciones realizadas entre los años 1980 y 1995, es decir, hace 43 años, debido a que muchas de las empresas en las que trabajaron ya no existen. Por lo tanto, condicionar el pago a la comprobación del monto total solo retrasaría aún más el proceso de reembolso, según menciona el informe.
La propuesta del Congreso también indica que los trabajadores pueden presentar documentos o «medios idóneos» posteriormente para demostrar un monto mayor de aportaciones, pero el Poder Ejecutivo argumenta que no está claro a qué se refiere y tampoco se presentan mecanismos que ayuden a determinar las contribuciones de cada trabajador.
“Debe tenerse en consideración que el aporte a Fonavi no se realizó mediante cuentas individuales, como las aportaciones al sistema privado de pensiones, sino más bien se realizó a través de una aportación general del empleador a una sola cuenta en los organismos recaudadores”, se precisa.
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En relación con el artículo 2, que establece que los herederos cuyo monto a devolver sea superior a 4 UIT deben presentar una sucesión intestada, mientras que aquellos que reciban menos de esa cantidad solo deben presentar una declaración jurada simple, se cuestiona la falta de una justificación para fijar el límite de 4 UIT.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú), Luis Luzuriaga, expresó a este medio que la objeción del Ejecutivo es una manera de «sabotear el proceso» de reembolso.
“Lo que estoy viendo acá es que está pidiendo que salga una ley reglamento, donde cada artículo precise cuál va a ser el procedimiento. Y eso no es así. Lo que veo es que se está evitando los pagos a cuenta”, sostuvo el dirigente.
Recordemos que la Comisión ad hoc cuenta con S/2.000 millones para devolver a los fonavistas.