La presidenta, Dina Boluarte, enfrenta cargo de homicidio
La Fiscalía se extenderá por un período adicional de 45 días el lapso de las indagaciones iniciales que se están llevando a cabo respecto a la presidenta Dina Boluarte por los fallecimientos ocurridos durante las manifestaciones populares que se oponían a su gobierno en diciembre de 2022 y enero de este año.
La líder del gobierno ha sido acusado de asesinato, lesiones y genocidio desde enero. Además, se están llevando a cabo investigaciones sobre el jefe de su equipo, Alberto Otárola, así como otros ministros y exministros.
El abogado Carlos Rivera, quien representa a los familiares de las víctimas y forma parte del Instituto de Defensa Legal, señaló que la extensión de este plazo se debe a que, desde el principio, se anticipó que la investigación sería complicada, por lo que se otorgaron inicialmente ocho meses para llevar a cabo las pesquisas, las cuales están a punto de concluir. Rivera aclaró que se están examinando los incidentes con fallecidos ocurridos durante las protestas en distintas regiones, incluyendo Andahuaylas, Arequipa, Junín, La Libertad, Ayacucho, Cusco, Puno y Lima.
Además, el abogado señaló que la Fiscalía extendió esta fecha límite debido a que aún se necesitan testimonios de testigos, familiares de las personas afectadas y funcionarios gubernamentales, como el ministro del Interior, Vicente Romero.
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Rivera mencionó que también se esperan declaraciones del comandante general del Ejército, Manuel Gómez de la Torre; así como del exjefe de la Séptima Región de la Policía Nacional en Lima, el general Víctor Zanabria, que aún están pendientes.
También resaltó que en este nuevo período, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debe entregar a la Fiscalía los detalles de las operaciones realizadas en Ayacucho el 15 de diciembre. Hasta ahora, la institución militar no ha proporcionado estos registros, argumentando que contienen información confidencial.
Las acciones estratégicas de la Policía en los otros departamentos del país donde se registraron las muertes deben seguir el mismo enfoque. “Esa información es muy importante y es necesario que la Fiscalía la tenga. Por eso, me parece que es correcto que haya ampliado el plazo de la investigación”, expresó Rivera.
La Fiscalía ha presentado una solicitud ante el tribunal para obtener estos objetos, y recientemente se llevó a cabo una audiencia en la Corte Suprema que establecerá que esos documentos no están sujetos a confidencialidad. En consecuencia, tanto el Ejército como la Policía estarán obligados a entregarlos.
El pasado jueves 7, Boluarte responsabilizó a los manifestantes mismos por las numerosas víctimas mortales durante los choques con las autoridades en su discurso en Pichanaki, Junín. Durante su intervención, varios residentes locales la criticaron y la recibieron con exclamaciones de “asesina”.
