Tras el cambio en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), desde este 2023, se realizará el cobro de S/0,50 por página escaneada de información solicitada, pese a que la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica que en tales casos “no se generará costo alguno al solicitante”.
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Otra de las modificaciones realizadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que también va contra la norma, es que, en caso de copias certificadas de manera física, el costo por página será de S/4, aun cuando, según una sentencia del Tribunal Constitucional, se trata de un “servicio gratuito” y que no debe cobrarse más allá de los costos de reproducción.
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A la lista se suma el cobro de S/0,10 por página escaneada incluso de «resoluciones emitidas por la Fiscalía de la Nación y/o de los Órganos Administrativos de índole administrativo», servicio a disposición de la solicitud de la ciudadanía.
