Funcionarios serán interrogados sobre las políticas y estrategias ejecutadas durante las protestas que resultaron en múltiples fallecimientos
La Fiscalía de la Nación ha acogido la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado para convocar a declarar a un total de 40 individuos, incluyendo tanto civiles como funcionarios públicos. Este proceso de declaración se enmarca en la investigación que se está llevando a cabo respecto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en relación a los eventos ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en diciembre de 2022 y enero de este año. A la presidenta se le imputan presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en relación con dichos acontecimientos.
De acuerdo a información proporcionada, Marco Huamán, fiscal adjunto supremo y encargado de coordinar las denuncias constitucionales del Ministerio Público, habría firmado la resolución el pasado 5 de septiembre. No obstante, se habrían presentado varios obstáculos a lo largo del proceso para llegar a esa determinación.
El 22 de agosto, la Fiscalía notificó a la Procuraduría que únicamente se recogería el testimonio de 16 de las personas citadas, argumentando que no era necesario interrogar a las otras 24, ya que se consideraba que sus declaraciones carecían de utilidad y pertinencia para la investigación.
Cabe destacar que entre los individuos excluidos de la declaración se encontraban tanto ex como actuales miembros del gabinete del premier Alberto Otárola, lo cual ha llamado la atención en este caso.
Así se puede destacar en la relación a los exministros Luis Adrianzén (Trabajo), Óscar Becerra (Educación), Nelly Paredes del Castillo (Desarrollo Agrario y Riego), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones) y Rosa Gutiérrez (Salud).
Además, se encontraban incluidos la canciller Ana Cecilia Gervasi, Alex Contreras, titular de la cartera de Economía y Finanzas, y Julio Dermatini, de Desarrollo e Inclusión Social.
Testimonios requeridos
Después de la negativa inicial, la Procuraduría presentó un nuevo documento al Ministerio Público argumentando que era esencial incluir los testimonios de las 24 personas de la lista en la investigación contra la presidenta Boluarte.
Esto se basaba en el hecho de que estas personas habían participado en reuniones con la presidenta en el Palacio de Gobierno durante las protestas antigubernamentales que resultaron en la lamentable pérdida de más de 60 vidas. Finalmente, el 5 de septiembre, después de más de un mes de deliberación, se aceptó esta solicitud.
“Lo que se busca es que respondan si tocaron las políticas de Estado o le informaron a la mandataria de las acciones que se estaban coordinando”, nos señaló la fuente respecto a la insistencia por tener las declaraciones de los exministros de Boluarte Zegarra.
Hasta el momento, no se ha establecido una fecha específica para citar a los 40 testigos que deberán prestar declaración en el plazo de 45 días adicionales, según lo dispuesto por la Fiscalía de la Nación en el marco de la investigación contra la jefa de Estado y el premier Otárola. Ambos también serán convocados para declarar nuevamente en el proceso.
Además de los ex y actuales ministros de Boluarte Zegarra, entre los nombres citados se encuentra el de Raúl Molina, quien ejerció como jefe del gabinete técnico de la Presidencia. Molina renunció a su cargo el 2 de febrero pasado debido a su desacuerdo con la estrategia agresiva que el Ejecutivo había adoptado para reprimir a los manifestantes que se oponían a la presidenta.
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