La Segunda Fiscalía Suprema Provisional acusará al exmandatario, Aníbal Torres, Betssy Chávez, y otros por rebelión y abuso de autoridad
El Ministerio Público está a punto de presentar la acusación formal contra Pedro Castillo por su presunta participación en el autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Este desarrollo se produce después de completar la investigación preparatoria contra el expresidente, quien actualmente cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses en el penal de la Diroes.
Según El Comercio, el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán finalizó las investigaciones contra Castillo Terrones el 14 de diciembre pasado, cuatro meses antes del plazo otorgado por el Poder Judicial en abril de 2024 para concluir las indagaciones sobre los responsables del intento fallido de romper el orden constitucional.
Terán tomó esta decisión al reunir todos los elementos de prueba necesarios para llevar a juicio al exmandatario por los supuestos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Estos delitos conllevan penas de hasta veinte, tres y seis años, respectivamente.
No obstante, el fiscal también ha imputado a Pedro Castillo, así como a los ex primeros ministros Aníbal Torres y Bettsy Chávez. De igual manera, ha presentado cargos contra el exministro de Interior, Willy Huerta, y el congresista de Cambio Democrático, Roberto Sánchez.
En otro aspecto, el fiscal también ha incluido a otros siete acusados por el delito de rebelión, entre los cuales destacan tres altos mandos de la Policía Nacional: el general Manuel Lozada, el comandante Justo Venero y el teniente Eder Infanzón Chávez.
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Acusación ante el Poder Judicial
Recientemente, Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, destituyó a Helder Terán de su cargo en la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria. Sin embargo, antes de su salida, Terán ya había firmado la acusación contra Castillo, sus exministros y altos mandos de la Policía.
Ahora, Alcides Chinchay, fiscal adjunto de Terán, tiene en su poder el documento y será el responsable de presentarlo ante el Poder Judicial. Chinchay cuenta con experiencia como litigante de audiencias, ya que el año pasado respaldó la solicitud de 4 años y 6 meses de prisión contra Kenji Fujimori en el caso ‘Mamanivideos’.
Actualmente, el despacho de Chinchay está trabajando para formalizar la presentación del requerimiento, impulsando así el progreso del proceso legal contra Castillo.
Aunque Terán concluyó las investigaciones antes de la fecha límite, el despacho de Chinchay confía en que el trabajo realizado sea sólido y no presente complicaciones al acusar al expresidente por el intento fallido de golpe de Estado.
En ausencia de complicaciones, la acusación contra Castillo se enviará al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, bajo la dirección del magistrado Juan Carlos Checkley Soria. Allí será revisada y se notificará a las partes involucradas.
Posteriormente, Checkley otorgará un plazo para que se realicen observaciones sobre la presentación de la Fiscalía contra el exmandatario.
Después de corregir cualquier detalle señalado, el juez procederá a la siguiente fase, el control de acusación, en la cual determinará si el caso avanza a juicio oral.
Ha buscado salir de la cárcel
A lo largo de varios meses, la defensa legal de Pedro Castillo ha intentado sin éxito ante el Poder Judicial obtener la libertad de su cliente en relación con el intento fallido de autogolpe de Estado.
Recientemente, volvió a cuestionar su detención y estableció una comparación con el expresidente Alberto Fujimori, quien fue liberado de la Diroes mediante una decisión del Tribunal Constitucional.
“El director de mi institución educativa acaba de emitir nuevamente un certificado, firmado y sellado, confirmando que soy docente de planta. Las autoridades de mi propia comunidad han suscrito un documento que respalda que soy ciudadano de ese lugar. Además, hay fotografías y documentación que acreditan mi domicilio”, dijo Castillo para sustentar que tiene arraigo laboral.
Mientras tanto, los abogados del expresidente han interpuesto hasta seis recursos ante el Tribunal Constitucional para solicitar la revocación de las órdenes de prisión preventiva de 18 y 36 meses, relacionadas con el intento fallido de autogolpe de Estado y el caso Puente Tarata-Petroperú-Ministerio de Vivienda.
El 4 de diciembre pasado, se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Constitucional para evaluar los recursos presentados por Castillo. Al concluir, los magistrados optaron por dejar su decisión pendiente y someterla a votación.
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