La ley propone pena de muerte por sicariato, extorsión, tráfico y abuso de menores. También plantea que el Perú se retire de la CADH o Pacto de San José
El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, ha presentado un proyecto de ley, numerado como el 6279, que propone la aplicación de la pena de muerte en el Perú en casos de extorsión, sicariato, tráfico y abuso sexual de menores. Esta propuesta busca modificar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, que actualmente restringe la pena de muerte únicamente a casos de terrorismo y traición a la patria en tiempos de guerra.
El proyecto de ley también incluye una disposición transitoria especial que permitiría que el país se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Convención IDH), también conocida como Pacto de San José. Esta convención prohíbe la pena de muerte en los países signatarios. La iniciativa plantea cambios significativos en el sistema legal del Perú y, de ser aprobada, tendría importantes implicaciones tanto a nivel nacional como en el ámbito de los derechos humanos.
Según Aragón, la iniciativa tiene como objetivo “fortalecer la soberanía del Estado para la protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad de los niños y niñas”. También busca “desalentar y ejercer coerción efectiva a las personas que pretendan cometer el delito de violación sexual de menores de edad”.
Como coautores de la medida se encuentran sus compañeros de bancada: Jhaec Espinonza Vargas, Hilda Portero López, Wilson Soto Palacios, Raúl Doroteo y Jorge Flores Ancachi.
CADH
El Perú es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema IDH) después de haber ratificado el Pacto de San José el 12 de julio de 1978. Como resultado, el país tiene limitaciones en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, las cuales están en línea con las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Convención IDH), también conocida como Pacto de San José.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Perú no puede ampliar la pena de muerte a nuevos delitos, ya que las restricciones están en su lugar debido a su compromiso con el Sistema IDH. Esta posición se vio reforzada por una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la OC-14/94, que confirma que la pena de muerte no puede ser aplicada a otros delitos más allá de los establecidos en la Convención IDH. En consecuencia, cualquier intento de modificar la Constitución para ampliar la pena de muerte a otros delitos sería incompatible con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, opinó que “no es correcto” que el país se aleje los parámetros de la Convención IDH, y, por lo tanto de la Corte IDH, ya que “ningún peruano está exento del abuso del poder”.
“Tenemos por eso una instancia supranacional que revisa y resuelve esos excesos con objetividad”, explicó. Añadió, además, que la institución que representa tiene esta perspectiva porque tienen “a la nación como su deber ser”.
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