Perú tiene un nuevo presidente interino con Francisco Sagasti, pero la crisis política no se solucionará únicamente con un nuevo jefe de Estado.
Francisco Sagasti es el presidente del Gobierno de transición, pero todavía no ha resuelto nada
Con Sagasti -quien asumió el cargo hace unas semanas – serán cuatro los presidentes que habrán gobernado el país en apenas dos años. Sin embargo, independientemente de quien es el nuevo inquilino de la Casa de Pizarro, la gobernabilidad sigue siendo frágil en medio de una crisis de legitimidad no solo del presidente y del Congreso, sino de toda la clase política peruana.
Los golpes de Estado y la crisis política fueron una constante en Perú durante el siglo XX, que terminó con el polémico gobierno de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por homicidio y corrupción.
Ahora, la crisis está en su punto álgido y la tensión en las calles es cada vez mayor. Algunos pedían que el Tribunal Constitucional revocara la vacancia de Vizcarra y otros, que el Congreso eligiera como presidente a un parlamentario que hubiera votado en contra de la destitución.
Y, según analistas consultados por BBC Mundo, reformas en esos tres ámbitos pueden provocar un cambio de raíz.
- Cambios en la política
La jerga política peruana dice que sus políticos tienen «vientre de alquiler», que van de un partido al otro sin importar la ideología ni los principios, sino el beneficio de poder político y económico individual.
Aunque, en términos generales, el sistema político peruano nunca contó con partidos fuertes, la fragmentación actual del Congreso es inédita: hay 10 partidos de 25 que se presentaron en las elecciones de enero de 2020 en una cámara de solo 130 parlamentarios.
«Nuestra gran tragedia es la fragmentación permanente«, dice Eduardo Dargent, politólogo de la Universidad Católica. «Acá la gente vota por un candidato pensando que es de tal tendencia y después se da cuenta que cambió de postura».
Esto, según el analista, tiene que ver con un sistema de conformación de listas para el Congreso «demasiado laxo, configurado de manera corrupta y clientelar».
Milagros Campos, constitucionalista de esta misma universidad, añade: «Tenemos partidos sin políticos y políticos sin partido».
Y, como solución, los expertos, basándose en diferentes estudios, señalan reformas como barreras del 5% de votos para entrar al Congreso, formalización de la carrera política eliminando la prohibición a la reelección parlamentaria, facilitar inscripción y participación de nuevos movimientos y un mínimo de afiliados para que una agrupación sea partido.
- Cambios en las instituciones
A pesar de que la Constitución de 1993 (la duodécima en 200 años) establece que el sistema político es presidencialista, Perú ha ido añadiendo elementos del parlamentarismo que desestabilizan a un país con Congreso unicameral.
En Perú, las mociones de censura a presidentes y ministros, por ejemplo, no son meros llamados de atención, sino órdenes de retiro.
La ya famosa figura de la vacancia, con la cual el Congreso forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y destituyó a Vizcarra después, se puede llevar a cabo con cierta facilidad y una sola votación en el Congreso.
Esto, con partidos fragmentados, es una receta perfecta para la inestabilidad y el choque Congreso-Ejecutivo.
«Se puede dar estabilidad al sistema presidencialista regulando la figura del impeachment para ocasiones extremas e implementando elementos de la bicameralidad para que sea menos fácil destituir al presidente o a su gabinete«, dice Campos.
- Cambios en la cultura política
Por muchos cambios legales o institucionales que se anuncien, los analistas vaticinan la continuidad de las protestas si no hay un cambio en la cultura política, que está íntimamente relacionada al clientelismo y la corrupción.
La mitad de los 130 congresistas actualmente en funciones están investigados por corrupción y los últimos seis presidentes del país están acusados o condenados por ese delito.
En busca de mayor transparencia, distintos expertos han propuesto reformas en materia de transparencia (más escrutinio a parlamentarios, acceso a la toma de decisiones públicas, responsabilidad inmediata a delitos y normas claras de contratación) y competitividad política (requisitos para lanzarse como no tener sentencias en primera instancia pendientes).
