“Estado debe devolver todo a los fonavistas”

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DOCTOR RAÚL CANELO,FLAMANTE DECANO DEL CAL, ADVIERTE QUE DEVOLUCIÓN SERÁ COMPLETA

POR: PABLO  BOGGIANO B.

Raúl Canelo

Raúl CaneloSeguir defendiendo el derecho de propie­dad de los fonavistas, es lo que sostiene el flamante decano del colegio de abogados, Raúl Canelo. En charla exclusiva con “El Men”, Canelo afirmó que impulsará iniciativas legislativas desde la entidad que representa para que se cumpla el marco jurídico y la legislación de apoyo a los exaportantes del extinto Fon­do de Vivienda, no descartando incluso un decreto de urgencia para cumplir con la devolución de las aportaciones.

El estandarte mayor para lle­gar al decanato fue defender el “derecho” de los abogados, ¿cómo enfocar en resolver múltiples problemas del cole­gio desde el decanato?

Efectivamente, ha habido una identificación con lo que yo siempre predico, hay que apoyar hay que ser solidarios, y en esta oportunidad me correspondía defender a mi gremio. Pero en el gremio hay abogados que dependen de instituciones públicas o priva­das que de algún modo tienen asegurados sus beneficios sociales. Por ejemplo, hay un numeroso grupo de aboga­dos que son independientes que casi están lindando con la informalidad que no tienen jubilación, que no tienen seguro, que no tiene asistencia médica y el Colegio de Abogados que dentro de sus fines es justamente colaborar, ser solidario; han pasado muchas gestiones y no han hecho nada por ello. Más bien ha habido un abandono, una indolencia, un maltrato al abogado sobre todo al abogado mayor y nada de apoyo al abogado joven.

Nosotros planteamos un cambio en la forma de tratar al abogado. El abogado gremialista primero, y lo otro que habíamos señalado, es que el colegio debe pronunciarse sobre los grandes problemas nacionales.

Debe ser un referente y además hacer docencia, no se ha hecho ni lo uno, ni lo otro.

¿Usted se refiere específi­camente al legajo en que  se ha convertido la política peruana?

Bueno la política peruana como todos podemos observar quienes tenemos un mínimo de criterio, se ha  politizado en extremo, se ha pervertido, no funciona. Se cambian de partido cuando quieren, no hay una ideología certera, y es una combinación de personas que coinciden en intereses comunes siendo que son de partidos distintos, se alían, pero para hacer el mal sobre el bien

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En lo que se respecta a la JNJ y lo que tendrá que definirse hoy, a su criterio ¿está vicia­do todo este proceso contra la JNJ?

Pienso que el Congreso no ha debido tocar la JNJ. Siempre pedí ponderación, y pedí que actúen con diligencia, sin embargo, veo que han tocado a la Junta. Si alguna falla hubo en el nombramiento, hay instancias administrativas para resolver esa situación, pero no que el Congreso intervenga para atentar contra la autonomía de un órgano institucional, esto puede traer graves repercusiones al país y no me parece la mejor solución lo que ha ve­nido sucediendo. Espero no se produzcan más destituciones, para no afectar la autonomía y la división de poderes que es la base el estado de derecho

 

 

Usted apoyó toda esta ges­tión de la devolución de los aportes al Fonavi, ¿cuál es su apreciación de cómo se va llevando hasta ahora el proceso?

Bueno, el proceso del Fonavi ha sido justamente una con­secuencia de este estado que no respeta el derecho de los demás. Por ejemplo, el derecho de la propiedad, el dinero de los fonavistas es un derecho de la propiedad. El Estado se construye en base al derecho de la propiedad, si no hay ese respeto entonces nada es se­guro, y el Estado es el primero en no respetar el derecho de propiedad de los más pobres. Respetar el derecho de propie­dad de un banquero está bien, y es correcto pero con la misma razón tiene que defenderse el derecho de propiedad de un trabajador, por más que sea una suma inferior. El Estado no puede quedarse con esos dineros, entonces nosotros estamos pidiendo el cambio.

 

También contribuyó a ejecu­tar las leyes 29625, la 31173, una cosa es el aporte el traba­jador y otra el del empleador, se ha tergiversado mucho eso en el proceso de devolución.

Lamentablemente el TC hizo esta distinción, a pedido diría yo del MEF. Nosotros vamos a seguir luchando para que esto vuelva a su nivel, y haremos las acciones que correspondan para que ese dinero que fue aportado por el empleador para el trabajador, se devuel­va al trabajador, porque es del empleador al trabajador, no es del empleador para el empleador. Eso no se ha querido entender y seguire­mos luchando, porque es un reporte importante lo que corresponde a cada fonavista.

Estamos hablando de reducir un monto de 40 mil millones a casi 7 mil.

Eso es una situación que afecta al trabajador, porque el aporte que hizo el empleador, era para la vivienda del trabajador. En el fondo era parte del concepto remunerativo, no era para otra cosa. Lamentablemente el TC en esa oportunidad no tuvo ese criterio, creo que han habido muchas presiones político económicas, y trataremos de cambiar eso. Desde el Colegio de Abogados también plantea­remos iniciativas legislativas. Es curioso porque el Congreso a pesar de sus prácticas a veces tan complicadas, promulgó la  ley a favor de los fonavistas. Es el gobierno de Castillo el que plantea una acción contra la ley del Congreso que favorecía a los fonavistas y ahí están las consecuencias, es decir, aquí nadie se salva, porque este Gobierno terminó siendo una guillotina para los intereses del propio pueblo.

 

¿Qué acciones legislativas se podrían impulsar desde el Parlamento para que el MEF cumpla con entregar esos dineros privados?

Vamos a insistir en una inicia­tiva legislativa que corrija esos entuertos y esperemos que con un Congreso que tenga autori­dad moral, y con un proyecto de ley que se plasme, se pueda hacer el cambio

 

¿Es necesario un decreto de urgencia para cumplir con los fonavistas?

En la actual crisis de recesión económica que vive el país, una de las formas para terminar con este receso y coadyuvar a la movilización económica, es devolverle a los fonavistas. Eso generaría una actividad económica importante. Desde mi perspectiva podría darse un decreto de urgencia, sino por lo menos una ley del Con­greso que precise todas estas circunstancias

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