El dinero de pensiones se convirtió en un dolor de cabeza para Islandia

0
75
Islandia
Islandia

Este es uno de esos problemas del primer mundo que quisiéramos tener en los países de América Latina: “no sé qué hacer con tanto dinero“. Lo cierto es que el sistema de pensiones de Islandia, que ha sido catalogado como uno de los más exitosos del mundo, tiene una cantidad tan gigantesca de recursos que ahora hay un debate en el país sobre cuál es la mejor manera de invertir esos fondos.

El sistema de pensiones de Islandia acumuló una cantidad de recursos cercana al 200% del Producto Interno Bruto (PIB)

Con activos que llegan a casi el doble del tamaño de la economía de la isla del Atlántico Norte, el gobierno liderado por la ambientalista y ecologista, Katrín Jakobsdóttir, está analizando la idea de permitir que las empresas que administran los fondos de los islandeses puedan hacer más inversiones en el extranjero.

Leer también [Pensión de jubilados subirá al igual que el sueldo básico en el Perú]

Actualmente, las reglas limitan esas inversiones de los fondos en el exterior a un 50%. “El sistema se ha vuelto demasiado grande“, declaró en diciembre el ministro de Finanzas, Bjarni Benediktsson, en una entrevista con la prensa local. “No hace falta decir que no podemos limitar todas las oportunidades de inversión al mercado nacional“, apuntó.

“Las consecuencias de su propio éxito”

Con una cantidad de recursos cercana al 200% del Producto Interno Bruto (PIB), unos US$50.000 millones, “el sistema se enfrenta ahora a las consecuencias de su propio éxito”, dice Hans van Meerten, profesor de Derecho Europeo de Pensiones de la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

Islandia tiene un sistema de participación obligatoria en un fondo de pensiones, explica el investigador, como en muchas economías de Europa. Pero a diferencia de los Países Bajos, por ejemplo, Islandia tiene mucha más libertad para elegir un fondo de pensiones. Otra diferencia es que la participación también es obligatoria para los trabajadores autónomos, señala van Meerten, mientras que en la mayoría de los países de Europa no lo es. Ese tipo de características lo distinguen del resto.

Islandia se convirtió en octubre en “el mejor sistema de pensiones del mundo”, según el Índice Global de Pensiones elaborado por Mercer-CFA Institute, una reconocida medición que cada año compara los sistemas de jubilación en 43 países, que representan a cerca del 65% de la población mundial.

Este ranking asigna distintos valores de puntuación que están separados en tres grandes categorías: suficiencia del sistema (cuyo peso es de un 40% en la evaluación), sostenibilidad (35%) y marco regulatorio (25%).

Le puede interesar [Gobierno italiano planea vacunación obligatoria a mayores de 50 años]

Pero… ¿cómo funciona el sistema?

En pocas palabras tiene tres pilares: una pensión pública que paga el Estado, una pensión obligatoria a la que contribuyen trabajadores y empleadores, y una pensión privada voluntaria.

La pensión pública, financiada con impuestos, tiene dos modalidades. Una básica que cubre a toda la población, excepto a las personas con mayores ingresos, y una complementaria, que también tiene límites en relación a los ingresos personales.

El segundo pilar es la pensión obligatoria laboral. La ley establece un mínimo de contribuciones de 12% del salario, donde el empleado paga un 4% y el empleador un 8%. Sin embargo, el esquema de contribución más común en el país es de un 15,5%, donde el empleador paga 11,5% y el trabajador 4%, gracias a las negociaciones sindicales.

La ley establece que para aquellas personas que acumularon ahorros durante 40 años laborales, el monto de la pensión debería ser al menos de un 56% del ingreso promedio que obtuvo en sus años de trabajo, y pagada de por vida, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El monto final de la pensión depende de la situación financiera de los fondos acumulados, pero debe, como mínimo, estar vinculado al índice de precios al consumidor.

Y el tercer pilar es un ahorro voluntario.

Los trabajadores del sector privado se pueden jubilar a partir de los 67 años y los del sector público a los 65. Sin embargo, la mayor parte de las personas continúa trabajando para obtener mejores beneficios.

 

Protegerse de los grandes riesgos

Este país, de apenas 370.000 habitantes y cuya economía depende en gran medida del turismo, no ha estado exento de los ciclos económicos internacionales de auge y caída. Fue así como la crisis desencadenada por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en 2008 y la Gran Crisis desencadenada a partir de las “hipotecas tóxicas”, paralizó su enorme sector bancario, casi arrasó con el mercado de valores nacional y provocó que el sistema de jubilación perdiera más del 20% de sus recursos.

Ante aquella crisis, el país decidió ser mucho más cauteloso en la manera de protegerse frente a una oleada de riesgos financieros internacionales. Pero ahora que algunos de sus fondos están acercándose al límite de la inversión de activos en el extranjero, las llamadas para aumentarlo han comenzado a proliferar.

El debate es duro porque mientras más dinero está invertido en el exterior, mayores son las posibilidades de resultar malherido en el caso de una nueva crisis. De todos modos, las autoridades han advertido que cualquier aumento en la internacionalización de los fondos de pensiones debería ser incremental y estar en consonancia con la manera en que evolucione la economía nacional.

Quienes se oponen a la propuesta argumentan que un cambio de grandes proporciones puede desestabilizar la moneda local en un momento en que el país está enfrentando una contracción del sector turístico debido a la pandemia de covid-19. De hecho, en pleno auge de la pandemia de covid-19 en 2020, el banco central de Islandia hizo un pacto con los fondos de pensiones para detener las inversiones en el extranjero durante seis meses, con el objetivo de proteger el tipo de cambio, la corona.

La Asociación de Fondos de Pensiones de Islandia propone una eliminación total del límite de inversión o, como alternativa, establecer un rango del 60% al 65%. Hasta ahora, el gobierno está evaluando los distintos escenarios antes de hacer una propuesta que permita generar consenso.