Esta medida será sin proceso oficial del Ministerio de Educación.

A pesar de que en la ley especificaba que docentes que contara con antecedentes penales por abuso sexual estaban prohibido de laborar en las escuelas, estos mismos profesores han seguido impartiendo clases sin ningún inconveniente ni intervención por parte del Ministerio de Educación.

Esta situación pasaba desapercibida por cualquier sector de la población, hasta que se dio a conocer el caso de diversos maestros que dictaban clases en la comunidad awajún y abusaron sexualmente de sus alumnos infinidad de veces. Lo peor ocurrió después, cuando el Ministro de Educación, Morgan Quero, se refirió a estos casos como «una práctica cultural en la Amazonía del Perú», provocando la indignación de la sociedad.

Tras este escándalo, el Congreso de la República promulgó la Ley 32242, el cual enmienda el artículo 49 de la Ley 29944. Dicho decreto exige la pronta destitución de un director, docente, auxiliar o personal administrativo de cualquier institución pública o privada que cuente con alguna condena de delito sexual.

Asimismo, todo procedimiento podrá realizarse sin supervisión ni intervención administrativa, para profesores involucrados en delitos doloso, abuso sexual y apología al terrorismo.

En el último año, seis profesores fueron contratadas por tres colegios UGEL a pesar de estar inhabilitado. Fueron en las regiones Amazonas, Loreto y San Martín. Estos docentes habían sido denunciados por hostigamiento sexual en su centro de labores; sin embargo, ello no les impidió para que fueran a otra institución educativa para seguir enseñando.

El Ministerio de Educación dispuso el bloqueo en los sistemas de recursos humanos de cada docente vinculado en algún caso de violación o abuso sexual, con el fin de evitar futuras contrataciones en colegios que desconocen de estos hechos y para la protección de los menores.