Las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo dejaron 66 personas fallecidas y más de mil heridos. En ese sentido, el Ministerio Público creó un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar los presuntos delitos y vulneraciones a los derechos humanos durante estos sucesos.
La Fiscalía conformó este grupo de trabajo para investigar «casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros«.
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El documento, firmado por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, recuerda que, desde que arrancaron las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), se han derivado investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública que afectarían el derecho humano a la protesta social pacífica.
